PP y Vox acuerdan en Valencia

La constitución de un nuevo Gobierno en la Comunidad Valenciana se ha desbloqueado después de que Vox apartara al número uno de su lista autonómica, Carlos Flores, quien fuera condenado en 2002 por un delito de violencia psíquica habitual y 21 faltas de coacciones por injurias y vejaciones contra su expareja y madre de sus tres hijos. La exclusión de Flores supone una cesión responsable por parte de Vox, aunque ahora lo colocará al frente de la lista por Valencia al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones generales. Este gesto de prudencia política contrasta con algunos usos más impulsivos que en otros momentos hemos visto por parte de los de Abascal. El cambio de registro es una muestra de madurez y se compadece con el marco general en el que se han desarrollado las negociaciones. El paso a un lado de Flores pone de manifiesto que el objetivo último en el que se ha integrado esta concesión es la conformación de una mayoría suficiente que sirva para propiciar un cambio de Gobierno en el contexto nacional. El desbloqueo de la Comunidad Valenciana constituye un hito en la normalización de las relaciones entre Vox y el Partido Popular y da muestra del realismo en el que deben manejarse los dos partidos. Este pacto soluciona uno de los escollos más grandes a los que se enfrentaban ambas formaciones y que, de alguna manera, están condenadas a entenderse a partir del 23J. Vox acierta al apartar a un perfil tan poco idóneo como el de Carlos Flores aunque Alberto Núñez Feijóo seguirá necesitando su voto en un futuro. Previsiblemente, Flores será uno de los diputados que tendrán que votar la investidura del líder de los populares en el caso de que la suma de escaños del PP y Vox permita agregar una mayoría suficiente como para formar Gobierno tras las elecciones generales. Desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa y facilitar el cambio político debe ser el objetivo prioritario tanto para Alberto Núñez Feijóo como para Santiago Abascal, por lo que parece razonable dejar para otro momento cualquier maximalismo. El balance final de la negociación ha sido positivo, aun cuando ayer la gestión realizada por el Partido Popular habría demostrado una falta de coordinación entre Génova y su líder autonómico, Carlos Mazón. La exigencia anunciada por Borja Sémper agotó los plazos de un escenario sumamente delicado y la cesión final arroja un saldo nada desdeñable para Vox: tres consejerías sobre diez, una de ellas con vicepresidencia adscrita y la presidencia de las Cortes Valencianas. Queda por saber cuál habría sido el resultado de la negociación en caso de que pudiera haberse deliberado con una mejor estrategia y unos plazos más holgados, ya que el calendario no imponía ninguna premura a la hora de facilitar el pacto. En cualquier caso, y aunque la solución se haya tenido que alcanzar por la vía de urgencia, el resultado final sólo puede interpretarse como satisfactorio. El acuerdo al que finalmente han llegado los de Feijóo y los de Abascal arroja claridad sobre un horizonte inmediato en el que 135 municipios y hasta 6 comunidades autónomas podrían constituir nuevas mayorías de gobierno en caso de que se replique el buen entendimiento demostrado en el pacto de la Comunidad Valenciana. La configuración de un Gobierno a nivel nacional y no otra cosa debe situarse como el último objetivo de una ruta en la que tanto Vox como el Partido Popular tendrán que renunciar a algunas de sus aspiraciones. Este primer acuerdo debería marcar el rumbo futuro y debería servir para asentar el surgimiento de un nuevo ciclo político.