Caótica gestión migratoria

La gestión migratoria se está convirtiendo en una de las debilidades más evidentes de este Gobierno. Sólo así se puede explicar la falta de planificación y transparencia con la que, desde hace meses, se ha desempeñado el Ejecutivo. En lo que va de año, más de 23.000 inmigrantes han desembarcado en las costas de Canarias, lo que sitúa al archipiélago y a nuestro país en una situación crítica que debería gestionarse con máxima responsabilidad y diligencia. Sin embargo, aunque ABC publicó el pasado lunes que el Ministerio del Interior contaba con informes que auguraban una llegada masiva de personas a la costa canaria, nuestro Gobierno está demostrando una nula capacidad para afrontar esta crisis migratoria lo que, desafortunadamente, está sirviendo para tensionar las relaciones entre la Administración central y los distintos territorios. En las últimas horas, hasta 5.000 personas han sido trasladadas desde Canarias hasta la península. Estos traslados, ejecutados en muchas ocasiones durante la noche y de forma no siempre transparente, está derivando la presión migratoria a ayuntamientos y comunidades autónomas sin anuncio o coordinación previa por parte del Gobierno central. La actual situación frisa el caos y la necesidad de alojar de forma súbita a miles de seres humanos está comenzando a generar un conflicto político interterritorial. En Galicia, el Ejecutivo ha contratado a través de entidades privadas albergues del Camino de Santiago. De forma muy semejante se ha actuado en Medina del Campo. En ambos casos, se estarían derivando grupos relevantes de personas migrantes sin informar a las autoridades locales y sin que se pueda elaborar un plan de recepción y acogida acorde con una circunstancia tan extraordinaria. El mismo Gobierno que celebra la descentralización del Estado, ante una crisis migratoria sin precedentes, ha optado por gestionar verticalmente y de forma ineficiente una realidad tan delicada. No es una novedad, ya que la posición del PSOE en cuestiones migratorias no resulta previsible. En apenas dos meses en 2019, el Gobierno pasó de facilitar el desembarco Aquarius a señalar, como hiciera José Luis Ábalos, que España no podía convertirse en «la organización de Salvamento Marítimo de toda Europa». Singularmente desastrosa fue la gestión del incidente de 2022 en la valla de Melilla que dejó más de 30 fallecidos sin que nadie haya asumido responsabilidades políticas. Que miles de personas arriesguen sus vidas en busca de una vida mejor constituye una tragedia humanitaria que debe abordarse con políticas transparentes y realistas. Por este motivo, que desde el Ejecutivo central se improvisen medidas sin contar con las administraciones locales es una temeridad. Sólo una acción coordinada podrá hacer frente a una realidad compleja que requerirá, además, un encaje compartido dentro del marco europeo. Por esta razón, fue tan pésima la noticia de que la pasada cumbre de Granada terminara sin un acuerdo migratorio. La gestión de nuestras fronteras es uno de los desafíos principales que deberemos abordar durante las próximas décadas. La opacidad y la improvisación deberían cesar de forma inmediata para dar paso a una conversación honesta que nos permita generar un marco responsable desde el que gestionar las sucesivas crisis migratorias que previsiblemente tendremos que afrontar durante los próximos años.