Italia, precedente de Telefónica
El Gobierno español compra el 10 por ciento de Telefónica, al parecer para equilibrar la entrada de la saudí STC en el capital de la empresa. España está imitando a Italia . Italia privatizó su monopolio de telecomunicaciones en 1997. La privatización vino acompañada de la creación de un regulador especial independiente, entre cuyas funciones estaba la de establecer las condiciones para que los competidores utilizaran la infraestructura de telecomunicaciones. La regulación es un arte siempre imperfecto, pero en este caso funcionó bien para estimular la competencia. La pérdida de valor bursátil de Telecom Italia (ahora TIM) en esos años también indica cómo dejó de tener ingresos de monopolio y se vio presionada por la competencia. En 2018, Cassa Depositi e Prestiti, el banco gubernamental de desarrollo, compró una participación del 10 por ciento de TIM. Este movimiento estaba destinado a derrotar a un accionista no deseado, el conglomerado de medios de comunicación francés Vivendi. En este sentido, se parecía a lo que está haciendo hoy el Gobierno de Pedro Sánchez. Una vez que el Estado italiano entró, aunque indirectamente, se encontró en una especie de plano inclinado: cada intervención llama a otras intervenciones. Así nació, bajo auspicio público, un nuevo operador de banda ancha, OpenFiber. Ahora adquieren, con importante participación pública (por 2.000 millones), la red de banda ancha de TIM, de la que siguen siendo accionistas. Se trata de actuaciones no necesariamente coherentes, todas ellas encaminadas a volver a poner las telecomunicaciones bajo control estatal, con repercusiones que deberán verificarse sobre la competencia. ¿Qué ha producido esta atracción fatal de la política por las telecomunicaciones? Puede que sea mala suerte, pero cuando el Estado volvió a entrar en las telecomunicaciones comprando las acciones en el mercado, se cotizaban entre 0,7 y 0,8 euros. Ahora lo hacen a 0,3. Los mercados no han sido caritativos con las 'telecos' en ningún sitio: AT&T pasó de 30 a 16 dólares en el mismo periodo; Telefónica, de 8 a 4; British Telecom, de 238 a 125 libras. Sería difícil, pues, culpar a la intromisión gubernamental como única causa del deterioro de TIM. Sin embargo, se puede decir que no fue una buena inversión para el contribuyente italiano. ¿Dónde está el fallo de mercado que el Gobierno debería solucionar? Al parecer, los políticos temen que los accionistas extranjeros se hagan con el control, como si la línea fija de banda ancha pudiera trasladarse de algún modo a Arabia Saudí, en el caso de España, o a Francia, en el de Italia. Ni que decir tiene que no es posible. Las dificultades de las 'telecos' se deben a cambios que las han situado en el también muy positivo para los consumidores. No hay que perder de vista que esto ocurrió en lo que podemos llamar la era dorada de las telecomunicaciones. Más gente adquirió conectividad, internet se generalizó, nuestros consumos cambiaron de tal manera que, en menos de una generación, pasamos de enviarnos textos a alto precio a intercambiar vídeos e imágenes casi gratis. Esta situación, tan positiva para todos, no hace que las 'telecos' sean hoy una gran inversión. Probablemente tampoco el Gobierno italiano ni el español piensen que están haciendo una inversión en términos económicos que están haciendo una buena inversión en términos económicos. Esta sed de control no se explica por la seguridad nacional. Es simplemente la nostalgia de los buenos tiempos en que la política controlaba la información y el consenso que canalizaba. Ahora la opinión pública es algo que sucede en internet. De ahí la prisa desesperada por ponerla también bajo control político . Sabemos que la plataforma de internet no será controlada por los gobiernos nacionales europeos. Pero no por ello es imposible que lo intenten. Es probable que sus esfuerzos sean inútiles, pero no por ello menos costosos. SOBRE EL AUTOR Alberto Mingardi es director general del Instituto Bruno Leoni y profesor de Historia de las Doctrinas Políticas en la Universidad IULM de Milán