El Gobierno de Milei interviene todos los medios de comunicación estatales durante un año

El Gobierno argentino intervendrá durante un año –con opción de prórroga– todos los medios estatales dentro de su política de «reorganización de las empresas públicas», según el decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial. El portal Educ.ar, la Radio Nacional, la Televisión Pública, la agencia de noticias Télam y las señales de Contenidos Públicos segmentados (Encuentro, Paka Paka, Depor TV, ACUA Mayor y ACUA Federal) integran el listado de los medios intervenidos por el decreto 117/2024. También queda incluida la administración del Polo de Producción Audiovisual y el acervo del Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino (Bacua). Noticia Relacionada estandar Si Milei logra su primera gran victoria al aprobarse parcialmente la ley ómnibus Guadalupe Piñeiro Michel El Gobierno argentino tuvo que ceder en varios artículos que, tras ser reducidos a la mitad, serán analizados individualmente por la Cámara de Diputados la próxima semana La misión de la intervención será «elaborar un plan de reformulación, readecuación y acción para las sociedades», que incluirá la revisión de la administración de fondos, la modificación del régimen de contrataciones y la designación o suspensión de funcionarios. Además, entre los fines de los interventores está el de «optimizar la gestión administrativa con miras a tornar sustentable dichas empresas», todo ello dentro de la anunciada búsqueda del Ejecutivo de Javier Milei de «una mayor eficiencia en el funcionamiento del sector público». La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) ha considerado que esta intervención es una «violación de la legislación vigente» y pasa por encima del Congreso de la Nación, ya que «algunas de las empresas intervenidas cuentan con directivos votados por distintas representaciones parlamentarias, a quienes se les quitará todo rol». En un comunicado difundido en sus redes sociales, el colectivo resalta que «es clara la intención del Poder Ejecutivo de privatizar los medios públicos para hacer un negocio con ellos, tal vez un negocio inmobiliario, funcional a los sectores privados de la comunicación». Fatpren recuerda que impugnó por inconstitucional el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023, dictado por el mandatario el 20 de diciembre pasado. En el recurso presentado ante la Justicia , el colectivo señala «la absoluta incompatibilidad del DNU con las obligaciones del Estado en materia de sostenimiento y resguardo del rol social de los medios públicos, que garantizan pluralidad de voces».