El panorama legal de Sean Combs (54 años), conocido mundialmente como 'Puff Diddy', se complica, pero también obtiene un respiro. El reconocido productor y empresario se enfrenta a un aluvión de denuncias de agresión sexual, con alrededor de 120 demandas interpuestas en su contra. Sin embargo, una reciente orden judicial podría inclinar la balanza en favor del magnate de la música: una de sus demandantes deberá revelar su verdadera identidad si desea seguir adelante con la causa. En una decisión tomada por la jueza Mary Kay Vyskocil, de Nueva York, se estableció que esta demandante, quien inicialmente presentó la denuncia bajo el pseudónimo de 'Jane Doe' para preservar su anonimato, debe ahora optar por revelar su nombre real antes del próximo 13 de noviembre. De lo contrario, su demanda será desestimada. «Aunque la naturaleza de las acusaciones es extremadamente delicada, el derecho al anonimato no está justificado en este caso», dictaminó la jueza. La magistrada argumentó que, como adulta que decidió libremente presentar una acusación contra una figura pública tan reconocida, la demandante debe asumir el escrutinio que conlleva el caso. La historia se remonta a 2004, cuando Jane Doe, entonces estudiante universitaria, afirma que fue víctima de agresión sexual durante una fiesta en Nueva York organizada por conocidos del propio Diddy. La demandante asegura que fue encerrada en un baño junto a una amiga, y relata cómo el rapero, tras amenazarla con violencia, la obligó a cumplir sus demandas sexuales . Estas acusaciones forman parte de una serie de demandas coordinadas por el abogado Tony Buzbee, quien lidera la representación de varias presuntas víctimas. Aunque los representantes legales de ambas partes no han dado declaraciones, Diddy niega rotundamente todas las acusaciones, sosteniendo que «jamás ha cometido ningún tipo de agresión sexual». Mientras el caso sigue su curso, esta reciente medida representa un momento crucial para el equipo legal de Diddy, quienes semanas atrás solicitaron que los nombres de las denunciantes fueran revelados, con el fin de preparar la defensa de cara a un juicio previsto para mayo de 2025. Con esta decisión, el tribunal ha dado un primer paso en esa dirección, dejando claro que las denuncias anónimas deberán enfrentar el mismo rigor judicial que cualquier otra demanda pública. Las consecuencias del caso para ambas partes podrían ser significativas, ya que para la denunciante el camino ahora pasa por renunciar a su anonimato, mientras que para Combs, la orden representa una pequeña pero significativa victoria en un proceso que promete mantenerse en el ojo público durante los próximos meses.
