Arturo se dirige a su casa en Toledo por el camino habitual que recorre cada tarde en su silla de ruedas cuando un grupo de jóvenes le increpa. A voces, uno de ellos imita el sonido de una moto a toda velocidad y de un coche de Fórmula 1 mientras Arturo avanza hasta encontrárselos frente a frente. En ese momento les preguntas si ocurre o pasa algo. La respuesta no se hace esperar, uno de los jóvenes «empieza a ponerse chulo y agresivo, me insulta y le pido, por favor, que me deje marchar», pero no lo logra, sin tiempo de reacción Arturo se encuentra en el suelo, solo y sin auxilio. Su agresor acaba de emplear la fuerza. Ha cogido la silla de ruedas por la parte delantera y la ha volcado con Arturo sentado. «Me tiró de la silla de ruedas y empezó a golpearme sin piedad », recuerda a ABC con la impotencia de aquel momento en el que también le privaron de su teléfono móvil. «Se mofaban de mí, se reían y cuando logré recuperar el teléfono uno de ellos empezó a golpearme en la cabeza », comenta. Su agresor fue detenido gracias a la colaboración ciudadana , pero no por la paliza a esta persona con discapacidad, sino por desacato a la autoridad, ya que el joven de 29 años, residente en Toledo en situación irregular, se enfrentó a los agentes. Con el parte médico y la denuncia, Arturo espera la celebración del juicio para pasar página y olvidar . Aunque las secuelas físicas sanen, afirma, jamás borrará de su mente este episodio de violencia y ensañamiento. ABC se ha puesto en contacto con el abogado José María San Román para profundizar en los detalles de este hecho. «Lo ocurrido constituye un caso claro de delito de odio del artículo 510 del Código Penal, que castiga a quienes promuevan, fomenten, inciten o realicen determinados actos o conductas de odio, violencia o discriminación contra personas por motivos como su discapacidad, entre otros supuestos», dice. A la luz de los hechos, apunta el abogado, todo parece indicar que «no estamos ante una agresión aleatoria, sino ante un presunto ataque deliberado con una dimensión tanto física como psicológica hacia una persona vulnerable por el mero hecho de serlo». La protección de los diversos colectivos vulnerables sujetos al tipo penal del delito de odio, apunta San Román, «es una necesidad democrática por cuanto este tipo de ilícitos amenazan la convivencia, la dignidad humana y el principio de igualdad », para añadir que cualquier agresión «motivada por un prejuicio o una fijación hacia un elemento sustantivo de la personalidad de la víctima, que es la esencia del tipo delictivo que puede ser subsumible presuntamente a los hechos ocurridos, se configura como un ataque flagrante a los valores fundamentales de nuestra sociedad».
