Antes de nada, quiero enviar mi pésame a las familias de las víctimas y trasladar mi reconocimiento a todos los profesionales que, con esfuerzo heroico, luchan contra las llamas cada día. Su labor es admirable, pero no se deberían poner sus vidas en juego cuando es por falta de gestión forestal. Este verano está siendo especialmente duro: en pocas semanas, los incendios han causado muertes, heridos, desalojos, destrucción de pueblos, cortes de carreteras y del servicio ferroviario y decenas de miles de hectáreas quemadas. La tragedia ha golpeado a casi todas las comunidades. Como profesional que vive y trabaja en contacto con el monte, siento una enorme frustración pues gran parte de este desastre se podría haber minimizado con una gestión adecuada. La gravedad de la situación exige un Pacto de Estado que trascienda fronteras políticas y titularidades administrativas. Los montes no entienden de ideologías. La falta de una política de prevención consensuada y estable es una de las causas principales de esta crisis. En España contamos con equipos multidisciplinares muy profesionales, empresas y tecnología suficiente para reducir drásticamente el riesgo de incendio. El problema no es la falta de medios, sino la escasa voluntad política. Porque un gran incendio se prepara durante años. En los montes que no están bien gestionados se acumula combustible forestal, los caminos y pistas se deterioran y los cortafuegos pierden su función por falta de mantenimiento. Este año, una primavera muy lluviosa ha favorecido un crecimiento exuberante de vegetación que, bajo un calor prolongado, se ha secado hasta convertirse en un combustible muy inflamable. En estas condiciones, basta una chispa para desatar un incendio de dimensiones inabordables, incluso para los equipos de extinción más profesionales. La acumulación de biomasa es consecuencia directa del abandono de los usos tradicionales del monte –pastoreo, recogida de leña, carboneo o gestión maderera– que durante siglos mantuvieron los bosques limpios y ordenados. Al desaparecer estas prácticas, la superficie forestal ha crecido de forma desordenada, formando masas densas, mucho más inflamables y difíciles de gestionar. Paradójicamente, contamos con más superficie forestal que nunca pero con menos inversión pública para cuidarla, dejando un patrimonio natural creciente sin la atención que requiere. Este abandono está ligado a la despoblación rural: la falta de oportunidades ha vaciado pueblos enteros y con ello se ha perdido una mano de obra esencial para la gestión forestal. Apostar por empleo estable y bien remunerado vinculado al monte permitiría fijar población y reducir mucho el riesgo de incendio. El escenario climatológico para los próximos años no es optimista. Desde hace decenios, el debilitamiento del chorro polar, consecuencia de la disminución del gradiente de temperatura entre polos y trópicos, provoca grandes ondulaciones en su trayectoria que generan anomalías térmicas, sequías, tormentas, vientos fuertes y calor extremo. Todos ellos son factores esenciales en la virulencia de la propagación y, si se sigue sin actuar, los incendios serán cada vez más frecuentes e intensos. Porque la política reacciona tarde. En verano llegan visitas oficiales y promesas de más medios para la extinción. Pero la extinción, aunque necesaria, es la última barrera y siempre será más cara, más peligrosa y menos eficaz que la prevención. La prevención no da votos, no es fotogénica. Un cortafuegos limpio o un monte bien gestionado no llena titulares. Uno de los grandes problemas es que los recursos se destinan a objetivos equivocados: la mayor parte del presupuesto se dedica a apagar, no a prevenir; el monte acumula combustible; luego llega el verano, arde, y el ciclo se repite. Los incendios son cada vez más intensos, rápidos y destructivos. Los llamados megaincendios ya no son una rareza: son parte de nuestra nueva normalidad. ¿No es absurdo asumir este coste descomunal para estas y las siguientes generaciones por no invertir uno muy inferior en prevención? La ingeniería forestal dispone de medidas para ello: Ordenar el territorio y mantener espesuras adecuadas; mantener cortafuegos y caminos todo el año; rentabilizar el combustible vegetal como biomasa para energía renovable (dejar que se queme en las calderas en lugar de en nuestros montes); fomentar el aprovechamiento sostenible de madera; pastoreo dirigido para controlar el matorral; creación y/o conservación de puntos de agua para la extinción; recuperar zonas agrícolas abandonadas que hoy conectan masas forestales y facilitan la propagación del fuego; quemas prescritas en invierno; coordinar la ordenación y extinción con nuevas tecnologías; utilizar la inteligencia artificial para simular la evolución del fuego, drones con sensores, vigilancia satelital, cámaras térmicas, robots, agua nebulizada o espuma... No basta con limpiar montes, también hay que diseñar el territorio teniendo en cuenta las causas y efectos sociales de los incendios. Porque la ordenación forestal existe en España desde 1890, con objetivos de persistencia del bosque, regeneración ordenada y aprovechamiento sostenible. Posteriormente, se añaden metas como conservar biodiversidad, mitigar riesgos, potenciar usos sociales y adaptarse al cambio climático. Los ingenieros de montes y forestales estamos formados para integrar todos estos objetivos en planes viables y medibles. Lamentablemente, los responsables políticos suelen escuchar más a determinados colectivos ecologistas –a veces con escaso conocimiento técnico– que a los profesionales que trabajamos a diario sobre el terreno. A ello se suma una creencia errónea muy extendida: que el monte «no hay que tocarlo ni aprovecharlo», cuando en realidad es su abandono la principal causa de que hoy tengamos masas forestales más densas, desordenadas y, por tanto, mucho más vulnerables al fuego. Sólo un 22 por ciento de la masa forestal cuenta con un proyecto de ordenación y esto es grave. En España hay empresas privadas altamente profesionales, con capacidad para afrontar los retos de la gestión forestal y actuar todo el año. Sin embargo, la administración adjudica los contratos mayoritariamente a empresas públicas. Dar mayor protagonismo al sector privado permitiría optimizar recursos y rentabilizar el monte. La colaboración público-privada es imprescindible. Un gran incendio destruye suelos, biodiversidad, reservas de agua y paisajes turísticos. Provoca pérdidas económicas y, lo peor, daños humanos irreparables. Recuperar un ecosistema maduro puede llevar décadas o ser imposible. Además, los montes actúan como sumideros de carbono, fijando CO en la madera, el suelo y la biomasa viva. Cuando arden, gran parte de ese carbono se libera de golpe a la atmósfera. Es decir, cada incendio convierte en fuente lo que antes funcionaba como almacén de carbono. Además, el suelo tarda décadas en recuperar esta capacidad de secuestro. Lo más frustrante, repito, es que prevenir cuesta menos que apagar. Como ingeniera de montes y empresaria forestal, sé que podemos actuar de otra manera. Tenemos conocimientos, medios y personas para reducir mucho el riesgo de los incendios. Es urgente que todas las autoridades, sin distinción política, acuerden un enfoque territorial conjunto y actúen con voluntad real. El monte no entiende de fronteras ni de ideologías, y el fuego tampoco. Solo con unidad, prudencia, continuidad y planificación se podrá reducir el impacto de los incendios y proteger de verdad nuestro patrimonio natural y humano.
