La capital gallega pone el broche a la primera edición de un congreso nacional que planta sobre la mesa los desafíos que implica la lucha contra la trata de personas con fines sexuales en la presente era digital. Este jueves y viernes, un abanico de expertos en materia de sociología y derecho –una jueza, un teniente de sección y directores de plataformas de trabajo con personas vulnerables– visita la Facultad de Derecho de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) en el marco de un certamen que programa conferencias y lecturas de trabajos divulgativos. En concreto, según informa la USC, el I Congreso Nacional 'Trata con fines de explotación sexual en la era digital' cuenta con la participación de la magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago, Ana López Suevos; el teniente de la sección de Trata de Seres humanos de la UCO Félix Durán Garrido; la directora del área de Mujer y Lucha contra Trata de Diaconía España, Eva Márquez García; la directora de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (Apramp), Rocío Mora Nieto, además de representantes de la Red Gallega contra la Trata/Mujer Víctima. Nace al amparo de un convenio entre la USC y la Consellería de Política social e Igualdade para el desarrollo de medidas del pacto de estado contra la violencia de género. Precisamente, el encargado de inaugurar el jueves el congreso ha sido el director xeral de Lucha contra la Violencia de Género de la Xunta, Roberto Barba. Durante la presentación, Barba ha destacado la importancia del encuentro para analizar y compartir propuestas ante los desafíos de la lucha contra la trata en el contexto digital, recordando que Galicia cuenta con un plan autonómico específico en el ámbito, un programa de ayudas enfocado a incentivar la contratación de víctimas y una red de viviendas de acogida. Al hilo, el director xeral ha aprovechado para recordar la Ley gallega de acoso y violencia digital en la que actualmente trabaja su departamento, una norma «pionera en España» que pretende incentivar la adopción de de medidas específicas «frente a un tipo de violencia cada vez más presente, con motivo de la expansión del uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, como internet o las redes sociales», han destacado fuentes autonómicas.
