En la arquitectura del Estado de derecho hay principios que no admiten matices o diluciones. El derecho de defensa y su derivada del secreto profesional constituyen los cimientos del resto de garantías constitucionales, esas que protegen al ciudadano frente al poder y aseguran el juicio justo, por lo que deben ser preservadas como sacras. La presunción de inocencia , otro eje vertebrador del proceso, nos dicta exigencias escrupulosas para poder proclamar de forma legítima la culpabilidad, además de obligar al Estado a tratar a todo encausado como inocente. Cuando el secreto profesional se lacera se debilita el modelo de justicia garantista que consagra nuestra Constitución. El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid adoptó la decisión de acudir a los...
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