Las sombras de la Justicia han estado planeando en los últimos tiempos sobre la gestión del gobierno de Abel Caballero. Por ahora, el alcalde de Vigo y su equipo las han podido ir escampando. El Concello ha conseguido ahorrarse, por ejemplo, el millón y medio de euros que la promotora de un concierto de Guns N' Roses le reclamaba por vía judicial. Se dio c arpetazo también a la causa del accidente de O Marisquiño, que dejó más de 400 heridos, sin sentar a nadie en el banquillo. Pero ahora se le ha abierto un nuevo frente al alcalde coleccionador de mayorías absolutas: una jueza de Vigo ha citado como investigada a una de sus concejalas por el accidente mortal de las fiestas de la parroquia de Matamá. La tragedia ocurrió en la madrugada del 3 de agosto de 2024. Uno de los brazos de la atracción conocida como 'Saltamontes' se soltó, e Iván C.H., de 36 años, sufrió lesiones que le acabaron costando la vida. Hasta ahora, estaban siendo investigados por el siniestro el propietario de la atracción y el presidente de la asociación Irmandade da Nosa Señora das Neves, organizadora de las fiestas. Pero la magistrada titular de la plaza número 3 del Tribunal de Instancia de Vigo acaba de dar un empujón a las diligencias sumando tres nuevos imputados a la lista: la concejala de Seguridad, Contratación, Fiestas y Gestión Municipal de Vigo, Patricia Rodríguez Calviño; el jefe del área de Seguridad y Movilidad del Concello, y el perito que realizó la inspección anual de la atracción. En un auto al que ha tenido acceso ABC, la magistrada ha citado a declarar a los tres nuevos investigados para el próximo 3 de febrero. Las imputaciones fueron solicitadas hace casi un año por el abogado Pancho Méndez Senlle, que representa a la pareja de Iván, la víctima mortal, y que también resultó herida: «Nos satisface que los hayan citado, ahora veremos si no hacen como el presidente de la asociación, que llega allí, se niega a declarar, y luego sí que hace declaraciones a la prensa», apunta el letrado en conversación con este diario. La atracción no tenía la autorización del Concello para instalarse. La petición había sido rechazada porque la documentación presentada por el feriante estaba incompleta. Pese a ello, el 31 de julio, cuando arrancaron las fiestas, el 'Saltamontes' se puso igualmente en marcha. De ahí la imputación, por tanto, del dueño de la atracción y del presidente de la asociación de Matamá que organiza las fiestas. Pero la acusación particular consideraba que debía extenderse la investigación a los mencionados responsables municipales. Y lo creía así porque, pese a que tanto la concejala como el jefe del área de Seguridad y Movilidad resolvieron el mismo 31 de julio no autorizar el montaje y puesta en marcha del 'Saltamontes', no se preocuparon luego de comprobar e inspeccionar si esa orden se estaba cumpliendo. «Tienen que explicar por qué no lo hicieron», recalca el abogado. Más en concreto, la acusación sostiene que la concejala tenía la obligación de haber enviando una patrulla de la Policía Local para precintar la atracción. Y añade, en el mismo escrito en el que pedía las imputaciones, que él tiene constancia de que dos policías locales sí se personaron allí «con intención» de precintar la atracción, «pero se desconoce» por qué al final no lo hicieron. Las reacciones políticas a la imputación de Rodríguez Calviño y del responsable del área de Seguridad no se hicieron esperar. El PP de Vigo lo califica de «extrema gravedad» y sostiene que constata su «manifiesta negligencia» por no precintarla. En la misma línea, el BNG incide en que hay «indicios sólidos» de esa supuesta negligencia por parte del Concello. En todo caso, un nuevo frente judicial abierto y otro quebradero de cabeza para el equipo de gobierno municipal del socialista Abel Caballero.
