Polémica en la localidad cántabra de Cartes por la llegada en los próximos días de una veintena de menores no acompañados procedentes de Canarias. La alcaldesa del municipio, Lorena Cueto, del PSOE, tacha de «castigo» para su localidad el envío de estos adolescentes que viajarán en breve desde el archipiélago hasta Cantabria. «Solidaridad, toda, castigos para Cartes, ninguno » ha llegado a escribir la primera edil socialista, cuya posición es parecida a la del alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, también del PSOE, que rechaza el traslado de menores a La Cantueña. Cueto pone como excusa para evitar la llegada de los niños a Cartes que «no se dan las condiciones para la plena inclusión» de los menores. Lo cierto, sin embargo, es que el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) ha comprado una casa muy próxima al colegio de educación primaria, en el Camino Real, para darles una residencia. El Gobierno de España lleva meses reclamando a las comunidades que se hagan con espacios para dar acogida a los menores vulnerables. Con un tono que en la región se considera racista, la concejala se pregunta si no hay otros municipios «con más centros educativos , con más instalaciones deportivas y dotaciones culturales y sociales« a donde trasladar a esos niños. Su preocupación, según ha dicho, es si los veinte adolescentes »van a ir al mismo centro educativo, a la misma aula y van a jugar en el mismo equipo de fútbol o de baloncesto«. La alcaldesa socialista, que sucedió en el cargo hace unos meses a la mano derecha del secretario general del PSOE de Cantabria, afirma que no es «ni racista ni insolidaria : lo que soy es una alcaldesa defendiendo los intereses de Cartes y de los vecinos y vecinas frente a un Gobierno de Cantabria que ha actuado de espaldas a los cántabros que vivimos aquí«. Según la representante municipal en su pueblo »no se dan las condiciones para la plena inclusión y adaptación en Cantabria«. Lorena Cueto se ha dirigido ya por carta a la presidenta regional , la 'popular' María José Sáenz de Buruaga, para trasladarle su oposición al proyecto de instalar una residencia para menores no acompañados en su población. Una decisión que, según el Ejecutivo de Cantabria, evidencia «la insolidaridad» de la alcaldesa socialista, el mismo argumento utilizado por Moncloa para atacar a los presidentes del PP que rechazaron el reparto. En esa misiva instó a la mandataria autonómica a explicar las «causas objetivas» que han llevado a su gobierno a la elección de este inmueble en el Camino Real de la localidad, puesto que en su opinión «los usuarios seguirán un itinerario sociolaboral cuyos recursos para desarrollarlo no están en Cartes». La edil denuncia que «han tenido mucho tiempo desde que se anunció ese reparto solidario con los niños y niñas con Canarias para buscar más de una ubicación en centros y edificios con los que ya cuenta el Gobierno autonómico». En el pleno de este viernes, vecinos de Cartes abarrotaron este viernes el salón del Ayuntamiento para protestar contra el centro de acogida a menores extranjeros no acompañados que el Gobierno de Cantabria (PP) va a abrir en el municipio y que será gestionada por la Fundación Cuin. Durante el pleno, que ha sido muy tenso en varios momentos con numerosos gritos, los vecinos expresaron su oposición a esta instalación y a la llegada de estos menores e incluso han llegado a increpar a algunos concejales, que se han quejado de «faltas de respeto». Algunos vecinos han denunciado el impacto que podría tener en la seguridad y en la delincuencia la llegada de estos menores, en un municipio donde el turno de la Policía Local acaba a las 15.00 horas. La veintena de menores no acompañados que partirán en breve hacia Cantabria forman parte de los alrededor de 2.000 que el Gobierno se comprometió en agosto a sacar de Canarias para aliviar la situación de saturación que sufre el archipiélago. Con oposición de las autonomías del PP, que lamentaron la imposición de los criterios y dejar fuera del reparto a Cataluña y el País Vasco, los ministerios de Política Territorial y Juventud e Infancia inicaron los trámites para la derivación de miles de menores a la Península. Pese a las prisas que imprimieron desde el Ejecutivo a las autonomías para la aprobación del decreto pactado inicialmente con Canarias, impidiendo así una mayor negociación con las comunidades receptoras, el inicio formal de las derivaciones no empezó hasta finales del año pasado . El ritmo de traslados, según explican fuentes implicadas en los mismos, es realmente bajo. Desde Canarias culpan de ello principalmente al Ministerio de Política Territorial, que dirige el expresidente autonómico Ángel Víctor Torres, de la lentitud en los procesos administrativos para gestionar las derivaciones. Desde Moncloa, sin embargo, reparten la culpa entre el Ejecutivo canario y las autonomías del PP que aseguran no colaboran lo suficiente en aportar ni la infraestructura ni los datos necesarios para gestionar los traslados.
