A lo largo de lo que va de año, varias comunidades autónomas han declarado la emergencia cinegética o han actuado extraordinariamente para controlar la creciente sobrepoblación de jabalíes , respondiendo a razones sanitarias, de seguridad o económicas. Por el momento, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana y Cataluña han tomado algún tipo de medidas en este sentido, que consisten principalmente en flexibilizar las normas de caza eliminando los cupos de capturas , autorizando los visores nocturnos en ciertas modalidades o autorizando la caza durante todo el año. Los problemas derivados por las altas densidades de jabalíes se vienen denunciando desde hace años: graves daños agrícolas, accidentes de tráfico, desequilibrios ecológicos por la degradación del suelo y –no hay que olvidarlo– por su carácter predador sobre las polladas de aves que anidan en el suelo y pequeños mamíferos, en cuyo desempeño es mucho más eficaz de lo que suele pensarse. Aunque lo que ha sido el detonante para adoptar estas medidas ha sido su condición de transmisión de enfermedades como la tuberculosis, triquinosis, brucelosis, patógenos que en ocasiones afectan al hombre; y, sobre todo en los últimos meses, el riesgo de contagio de peste porcina a la cabaña de cerdo doméstico, algo que podría tener consecuencias serias a todos los niveles. La Unión Europea valora la figura del cazador como colaborador necesario para recogida de datos en el campo e información útil para la toma de decisiones; por eso viene fomentando desde hace décadas una caza legal y regulada, basada en criterios científicos como importante herramienta para la adecuada gestión del medio, en este caso como un instrumento muy valioso para el control poblacional de este ungulado, aunque advierte de los peligros de una caza descoordinada en zonas afectadas por la PPA.
