Dos días tiene el ministro de Transportes para convencer a los representantes de los maquinistas de tren de la seguridad de unas líneas en las que la propia Administración se ha visto ya obligada a reducir la velocidad para evitar nuevos siniestros, reconocimiento de una crisis estructural que Óscar Puente trata de resolver con destituciones –tres desde la tragedia de Adamuz– y lamentos. El Gobierno de las cesiones, experto en atender demandas separatistas para sobrevivir, sabe cómo satisfacer cualquier exigencia: a golpe de talonario y desigualdad. En este caso, sin embargo, los maquinistas no aceptan cheques ni piden mejoras salariales, sino garantías para circular por una red obsoleta y mal gestionada. Tiene Puente dos días para alcanzar con el gremio ferroviario un acuerdo que sirva para desconvocar la huelga prevista para este lunes y evitar que el razonable miedo de unos desemboque en el hartazgo de quienes a diario y por cientos de miles cogen el tren para ir a trabajar.