Los padres del soldado Carlos León, uno de los dos militares fallecidos durante la prueba 'Cruce de un lago' en Cerro Muriano el pasado 21 de diciembre de 2024 han presentado un recurso de alzada contra la resolución del Ministerio de Defensa que acuerda el ascenso de un teniente acusado en el procedimiento abierto en el Tribunal Militar Central al empleo de capitán, al considerar que la decisión « no es conforme a Derecho «y carece de la motivación exigible dadas las circunstancias del caso. La resolución impugnada, publicada en el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa, aprueba el ascenso por el sistema de antigüedad con efectos administrativos en enero de 2026. El recurso presentado por el abogado de la familia del soldado, Luis Romero, expone claramente que un ascenso «no es automático». En el escrito, los recurrentes abundan en que, aunque el ascenso de teniente a capitán se rige por el principio de antigüedad, no es un trámite automático. La normativa de la carrera militar exige el cumplimiento acumulativo de varios requisitos: tiempo mínimo en el empleo anterior, desempeño de funciones de mando, aptitud psicofísica y, especialmente, la declaración de apto tras una evaluación realizada por el órgano competente, basada en los Informes Personales de Calificación (IPEC) y en el historial profesional y de conducta. El recurso sostiene que no consta de forma verificable la evaluación completa ni la motivación reforzada que justifique la idoneidad del ascendido, y solicita el acceso íntegro al expediente administrativo, incluidas actas, informes de valoración , puntuaciones y acreditación de la autoridad que aprobó la decisión. El teniente ascendido a capitán figura como acusado en este procedimiento penal seguido ante la jurisdicción militar por dos presuntos delitos contra los deberes del servicio en su modalidad de homicidio imprudente, relacionados con la planificación y ejecución de esas maniobras en un embalse de la base de Cerro Muriano en las que fallecieron el soldado Carlos León y el cabo Miguel Ángel Jiménez. En el procedimiento intervienen el Ministerio Fiscal y varias acusaciones particulares. La Fiscalía solicita pena de prisión, pérdida de empleo con expulsión de las Fuerzas Armadas y responsabilidad civil. Las acusaciones particulares interesan penas superiores, igualmente con pérdida de empleo. Los recurrentes consideran que la existencia de este proceso penal, por su gravedad y su vinculación directa con el servicio , debió ser expresamente valorada en la evaluación de aptitud para el ascenso. El recurso del letrado penalista Luis Romero, al que ha tenido acceso ABC, subraya el «grave impacto moral» que el ascenso produce en las familias de los fallecidos y advierte de un posible deterioro de la imagen y ejemplaridad del Ejército, al tratarse de hechos públicos y de especial relevancia. Por ello, además de la anulación o retroacción del procedimiento para incorporar una motivación suficiente, los padres solicitan la suspensión cautelar del ascenso mientras se tramita el recurso, al considerar que concurren perjuicios de difícil reparación y apariencia de falta de motivación en el expediente. Asimismo, en este recurso los padres piden que se acredite documentalmente si la resolución fue ratificada por la autoridad competente, incluida, en su caso, la persona titular del Ministerio de Defensa que lo firmó. De forma subsidiaria, en caso de que se cuestionara su legitimación para recurrir, solicitan que el escrito se tramite como denuncia de posibles irregularidades y se dé traslado a los órganos de inspección y asesoría jurídica correspondientes.
