El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha avanzado el endurecimiento de los controles en el reparto de Viviendas de Protección Pública mediante la inclusión de una enmienda en la tramitación de la Ley de Simplificación Administrativa que garantice una correcta adjudicación y uso. Según ha confirmado este martes el jefe del Consell durante una visita a nuevas promociones de viviendas del Plan Vive en Castellón, la modificación pretende fortalecer la publicidad, la transparencia y los controles a VPP, atendiendo a la petición de los alcaldes de incluir el arraigo de los solicitantes como criterio de baremación. Es decir, conforme ha detallado Pérez Llorca, que se dará prioridad a los vecinos a la hora de acceder a una casa de protección pública en su municipio. Al respecto, ha señalado que cuando la vivienda se convierte en la mayor preocupación de los ciudadanos, especialmente de los más jóvenes, «es una obligación moral y política actuar con determinación, firmeza, responsabilidad y realismo para garantizar estabilidad, arraigo e igualdad de oportunidades para todos». En este sentido, ha destacado las iniciativas llevadas a cabo por la Generalitat como el Plan Vive , las ayudas al alquiler, el Bono Joven o las subvenciones a ayuntamientos y particulares en el marco de los programas de Regeneración Urbana y Rehabilitación. Para ello, ha desglosado, se han destinado más de 304 millones de euros dentro de los actuales Presupuestos de la Generalitat, que permiten mantener las líneas sociales a la protección de los más vulnerables y aumentan los mecanismos de ayuda para acceder a una casa a los colectivos especialmente afectados por la situación del mercado inmobiliario. Para Pérez Llorca, el Plan Vive «es un ejemplo de colaboración público-privada» al tiempo que ha señalado que «debemos desarrollar una política útil y real cuyos resultados se vean a futuro». Un proyecto al que se han sumado 319 ayuntamientos y gracias al que se han impulsado más de 4.800 viviendas de protección pública, según los datos ofrecidos por la propia Generalitat. En el marco de esta iniciativa, Castellón de la Plana se adhirió en 7 de junio de 2024 y fruto de esta colaboración se inicia la construcción de 123 viviendas de protección pública de las cuales 21 se incorporarán al Parque Público que gestiona la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo. El jefe del Consell ha puesto en valor que se esté «desarrollando una política integral compuesta por acciones en materia fiscal, normativa y simplificación administrativa que garantice la seguridad jurídica y actúe como incentivo». A los inmuebles proyectados en Castellón de la Plana dentro del Plan Vive, hay que unir el proyecto de expansión urbana en el Sector 24 que permitirá la construcción de unas 2.000 viviendas, de las cuales la mitad serán de Protección Pública. En paralelo, la Generalitat trabaja en proyectos de rehabilitación como los que se están llevando a cabo en la calle Santa Cruz de Tenerife y la avenida Capuchinos con una inversión conjunta de caso 10 millones de euros para la reforma de 25 inmuebles. En cuanto a la provincia de Castellón, dentro del Plan Vive, están en marcha proyectos para construir 24 viviendas en Benicarló y 17 en Vinaròs a lo que hay que añadir el apoyo a través del Plan ADHA para que varios municipios como Argelita, Caudiel y Tales puedan ampliar su parque público con una inversión cercana a los 2,8 millones de euros. Asimismo, se está impulsando la rehabilitación de 713 viviendas en Morella, La Vall d'Uixó y Castelló de la Plana, con una inversión de 17,1 millones de euros al tiempo que, a través del programa ARRUR se está llevando a cabo la reforma de 154 inmuebles y la construcción de 6 nuevos en la capital, Morella y Benlloch, con una inversión de 2,2 millones de euros.
