Importaciones descontroladas de arroz ponen en peligro la seguridad alimentaria, denuncia Fuerza del Pueblo
En el 2024 se importaron 4.7 millones de quintales de arroz, por un valor de US$152.7 millones, de los cuales 4 millones fueron autorizados por la Comisión Nacional Arrocera.
Santo Domingo.- A pesar de que el Gobierno insiste que el país cuenta con una producción nacional de arroz suficiente, la realidad en el mercado es otra: las importaciones del cereal continúan en volúmenes considerables, generando un exceso de inventario que amenaza con desestabilizar al sector arrocero.
Así lo denunció Héctor Acosta, secretario del subgabinete Agroalimentario y Ambiental del partido Fuerza del Pueblo (FP), quién además, expresó su “alta preocupación” por lo que calificó esta situación como una de las crisis más severas de las últimas décadas para la producción nacional de arroz.
Según datos oficiales citados, en 2024 se importaron 4.7 millones de quintales de arroz, por un valor de US$152.7 millones, de los cuales 4 millones fueron autorizados por la Comisión Nacional Arrocera, a pesar de que el Gobierno se había comprometido a limitar las compras externas en 2025 a solo 23,300 toneladas métricas con 0% de arancel, según el decreto 693-24.
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“El discurso oficial habla de 15 millones de quintales de arroz pulido, pero lo cierto es que la producción local no ha logrado cubrir la demanda nacional de unos 14.4 millones de quintales anuales”, indicó Acosta.
A esto se suma, según denuncia, la sospecha de que el Gobierno ha continuado autorizando importaciones desde países no contemplados en el DR-CAFTA, lo cual violaría los acuerdos previamente asumidos en CONA y contribuiría a distorsionar el mercado.
Sobreinventario y falta de pagos paralizan el sistema
Explicó que la situación ha llevado a un sobreinventario sin precedentes, ya que un levantamiento oficial de junio de este año arrojó 7.64 millones de quintales disponibles de arroz, es decir, 2.84 millones más de lo necesario para suplir cuatro meses de consumo nacional.
“Este exceso coincide con la nueva cosecha del segundo ciclo (retoño), que llega con buenos rendimientos gracias al clima y prácticas de cultivo mejoradas”, dijo el representante.
Detalló que el exceso de oferta está afectando la cadena comercial, debido a que los almacenes de los molineros están saturados y no pueden recibir más arroz y el Gobierno no ha desembolsado los pagos del Programa Nacional de Pignoraciones correspondientes a abril, mayo y junio de 2025.
“Los productores llaman desesperados a los molineros para que les reciban el arroz, incluso a precios por debajo del costo, pero estos no tienen capacidad logística ni financiera para hacerlo”, señala Héctor Acosta.
Impacto económico y social
En un documento especificó que la crisis golpea directamente a más de 30,000 productores nacionales, muchos de ellos vinculados a la reforma agraria, y afecta una cadena productiva que genera más de 200,000 empleos directos y unos 300,000 indirectos, con un aporte estimado de más de RD$40 mil millones al PIB.
Subrayó que se considera que el deterioro del programa de pignoraciones, la liberalización discrecional de las importaciones y la falta de planificación constituyen un serio riesgo para la estabilidad del mercado agrícola y la seguridad alimentaria del país.
“El arroz debe ser cosechado, secado y procesado con rapidez. Cuando el ciclo se rompe, como está ocurriendo ahora, se afecta toda la cadena: productores, molineros, comerciantes y finalmente el consumidor”, advirtió.
Asimismo, sugirió varias propuestas urgentes para evitar el colapso del sector arrocero dominicano:
- Suspender las importaciones de arroz por el resto de 2025, salvo las 23,300 TM contempladas en el Decreto 693-24 (si aún no han sido realizadas).
- Establecer que cualquier importación futura solo pueda aprobarse por mayoría en la CONA.
- Poner a disposición de los molineros, de forma gratuita, los almacenes del INESPRE y otras instalaciones estatales aptas para almacenamiento.
- Pagar las pignoraciones atrasadas de abril, mayo y junio de 2025, para que los molineros puedan seguir operando y recibiendo arroz de los productores.
“Este no es un problema solo de oferta o precios; es un tema de estabilidad económica, empleo rural y soberanía alimentaria”, concluyó el subgabinete Agroalimentario de la Fuerza del Pueblo.
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