Sin vivienda tras la jubilación: "Con la pensión no tienes la posibilidad de emanciparte"
“Estoy buscando piso con dos amigos desde enero, pero es horrible la situación que tenemos. La crisis de la vivienda es monstruosa: antes era mucho más fácil alquilar un piso en Eivissa”, afirma a elDiario.es Félix, un pensionista de 78 años que vive desde diciembre del año pasado en el Servicio de Acogida Municipal (SAM), un recurso que depende de la Concejalía de Bienestar Social del Ajuntament d'Eivissa.
La exclusión social ligada a los precios desorbitados la vivienda se han convertido en un problema intergeneracional. En el caso de los jóvenes o las personas en edad de trabajar, el empleo ya no garantiza el acceso a un hogar. En cuanto a las personas jubiladas, la pensión tampoco te lo asegura. “No se habla de las personas mayores en situación de exclusión de vivienda, pero es en ese perfil donde vemos un problema grave desde hace siete u ocho años”, asegura a elDiario.es Iván Castro, director del SAM.
Félix es el segundo de los usuarios del SAM cuya historia escuchamos en una de las salas que prepara la dirección del centro para las diferentes entrevistas. Es un apasionado del oficio que dejó hace diez años, cuando se jubiló como guía turístico. En su caso, ejerció durante 36 años y fue autónomo durante la mayor parte de su vida laboral. “Ha sido una gran experiencia. Trabajé con gente de todas partes. Tenía más de 1.000 postales de todo el mundo que me mandaban los clientes”, detalla Félix, que también trabajó como traductor e intérprete en la Policía Nacional y en los juzgados.
No se habla de las personas mayores en situación de exclusión de vivienda, pero es en ese perfil donde vemos un problema grave desde hace siete u ocho años
Cuando llegó a la isla, hace 40 años, Félix recuerda que “Eivissa tenía una gran belleza, era mucho más humana”. Ahora, sin embargo, admite que “se ha pasado a ganar mucho dinero, lo cual es bastante lógico”. En su opinión, con el paso del tiempo, “mucha gente ha perdido esos valores tan maravillosos”.
Félix, que se ha separado de su mujer, está buscando piso en la capital ibicenca junto a otros dos amigos, pero le está resultando especialmente difícil. Su perfil, de hecho, es el que más dificultades genera a los servicios sociales: una persona que tiene todas las habilidades formativas, culturales y sociales para desarrollarse, pero que, al estar jubilado, tiene su capacidad económica limitada a la renta mensual que cobra, en caso de no disponer de ningún otro patrimonio económico.
“Una persona jubilada, que no puede trabajar, es un perfil cuya actuación por parte de los servicios sociales para abordar la problemática se ve muy limitada”, argumenta Castro, director del SAM. “No existe una posibilidad de evolución”, lamenta. Además, considera que las políticas públicas se deberían abordar desde el ámbito estatal, dado que los ayuntamientos no tienen competencias en materia de vivienda. “Para una persona mayor no es tan fácil empezar de cero como lo es para una persona joven”, añade Carolina Rueda, trabajadora social y coordinadora del SAM.
Para una persona mayor no es tan fácil empezar de cero como lo es para una persona joven
La gente mayor: el perfil más vulnerable
De entre todos los perfiles, el que más preocupa en el SAM es el de las personas mayores, dado que su situación es mucho más difícil de abordar que en los casos de la gente joven o mediana edad. Es el caso de Ángeles, una mujer de 60 años, que cobra una pensión no contributiva. Está separada de su marido y tiene dos hijos, ya emancipados, de 39 y 35 años. La última vez que trabajó fue hace tres, cuidando de una persona mayor.
Ángeles ha intentado emanciparse hasta en cuatro ocasiones, viviendo de alquiler, pero sin éxito. En la isla, hay habitaciones que se alquilan más caras que la pensión no contributiva que ella cobra. Su ex marido la ayuda con la cesta de la compra, pero no quiere, según el testimonio de Ángeles, alquilarle una habitación de la que dispondría en su casa de campo. “Le ofrecí 350 euros”, asegura. Igual que el resto de sus compañeros, tiene un plan de intervención para conseguir el objetivo final, que es la emancipación. En estos momentos, vive en uno de los pisos municipales, donde tiene que hacerse cargo de todas las tareas de la casa.
Ángeles ha intentado emanciparse hasta en cuatro ocasiones, viviendo de alquiler, pero sin éxito. En la isla, hay habitaciones que se alquilan más caras que la pensión no contributiva que ella cobra
“Hacen un buen proceso aquí, ahorran, encuentran una vivienda y llega un momento en que esa situación no se mantiene en el tiempo por el precio de la vivienda”, resume, sobre casos como el de Ángeles, la coordinadora del SAM, Carolina Rueda. El ingreso mensual de una pensión no contributiva oscila entre los 500 y 600 euros mensuales. “No da la posibilidad de emanciparse y son personas que tienen arraigo con la isla”, lamenta Castro. “Con su pensión no pueden pagar ni una habitación”, añade la concejala de Bienestar Social.
Plan de intervención
Para beneficiarse de este servicio público hay que pasar por varios procesos. En primer lugar, hay una derivación por parte de servicios sociales. En segundo, el personal laboral del SAM hace una valoración. Y en último lugar, la dirección del centro autoriza el ingreso. “La persona entra con unos acuerdos de intervención establecidos por un tiempo: cada persona entra con una propuesta de entrada y salida”, afirma Castro. Hay todo un plan de trabajo e intervención detrás: mientras que el SAM se centra en las capacidades de emancipación de los usuarios, los servicios sociales municipales trabajan las capacidades de autonomía de todos ellos.
“Las habilidades sociales son importantes para encontrar trabajo y saber mantener la convivencia”, destaca Castro, quien añade que ello forma parte de la filosofía del centro. Es decir, hay unas tareas asignadas diariamente a cada usuario que se tienen que cumplir y en los espacios comunes se trabajan valores como la comunicación, el respeto y la convivencia. Existen tres fases: primero, viven en el albergue; después, pasan a pisos de emancipación y, finalmente, empieza la vida fuera del centro.
“La vivienda se ha convertido en un bien de lujo”
“Nuestros hijos se tendrán que marchar de la isla porque aún teniendo trabajo no pueden vivir aquí”, comenta con resignación Lola Penín (PP), concejala de Bienestar Social del Ajuntament d’Eivissa. La partida presupuestaria de la que dispone su concejalía para abordar la exclusión social es de cerca de un millón de euros: una dotación que va en aumento porque la situación de exclusión social también sube. “El empleo no es un factor de protección único. Puedes estar en situación de riesgo aún teniendo trabajo”, lamenta Castro, director del SAM. “Una madre trabajadora con dos hijos a su cargo puede estar en riesgo aún cobrando 2.000 euros”, añade Penín, concejala de Bienestar Social. “Ni aunque tuviéramos tres urbanizaciones de viviendas públicas resolveríamos el problema”, reconoce.
La gente joven, como Nicole, otra de las usuarias del SAM, ya fija sus aspiraciones fuera de la isla. Ella es una joven ibicenca de 19 años que trabaja por segunda vez como heladera en un restaurante. “Estoy muy contenta”, afirma, respecto a la oportunidad de volver a trabajar como heladera. Durante este invierno, Nicole ha intentado trabajar en diferentes empresas sin éxito. “En el primer sitio que tuve no pude seguir porque estaba en la calle y no pude acudir [a trabajar] todos los días”, explica. La joven no tenía recursos ni para comer. Acudió varias veces a Urgencias para ser atendida por bajadas de tensión ligadas al déficit nutricional y alimenticio. “La jefa dijo que no podía trabajar así y me echaron”, atestigua. En ese momento, no había llegado al SAM.
Las derivaciones a partir de la entrada por el Servicio de Urgencias del Hospital Can Misses, o de los centros de salud de las islas, son una de las vías de entrada a una de las 15 plazas que tiene el centro. Este recurso dispone de un total de 52, si sumamos las habitaciones que hay en las 12 viviendas municipales de emergencia social. El SAM, sin embargo, es una prestación habitacional temporal: la duración máxima por persona -salvo causa muy justificada- es de un año. “Por eso hablamos del plan de ahorro: durante la estancia no tienen gastos. Eso les puede dar la posibilidad de la emancipación”, asegura el director del centro, que indica que la estancia media está entre los 4 y 6 meses. De hecho, la posibilidad real para independizarse es una condición imprescindible antes de que un trabajador social municipal haga la petición de ingreso de una persona solicitante.
Precios desorbitados
Una condición que, sin embargo, a veces se da de bruces con la realidad. Las Illes Balears son, de hecho, la región con el precio de la vivienda más elevado, ligeramente superior a la Comunidad de Madrid, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) relativos al último trimestre de 2023. En el contexto balear, Formentera, Eivissa y Palma son las ciudades más golpeadas por unos precios que están sustrayendo a amplias capas sociales el acceso a una vivienda digna, pese a ser un derecho constitucional supuestamente blindado. “La idea es emanciparnos juntos, pero fuera de la isla porque aquí lo vemos imposible”, resume Nicole, que contempla esta opción junto a su pareja, con Valencia en el horizonte.
Las Illes Balears son, de hecho, la región con el precio de la vivienda más elevado, ligeramente superior a la Comunidad de Madrid, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) relativos al último trimestre de 2023
“Es una chica joven y tiene la posibilidad de buscarse la vida en otro sitio, pero en los otros dos casos es mucho más difícil romper ese vínculo”, explica el director del SAM, por lo que plantearle a la gente mayor salir fuera resulta “muy difícil”. En este sentido, Castro recuerda que “hace muchos años que estamos diciendo que la vivienda se está convirtiendo en un bien escaso y de lujo”. “Creo que nadie se puede sorprender: hace ya diez años que se percibía”, apunta el experto.
Rueda coordina un equipo que dispone de un total de 13 trabajadores en el albergue: hay cinco monitores de atención directa, dos integradores sociales, un educador social, un trabajador social, así como personal administrativo y de limpieza. Además de centrarse en el acceso a la vivienda, trabajan con entidades y asociaciones con programas de prevención y asesoramiento educativo y psicológico. “Somos un centro social cuya función consiste en trabajar para que los usuarios, en la mayor brevedad posible, consigan emanciparse”, concluyen.