Los frentes abiertos de la ley valenciana contra la memoria democrática de PP y Vox
La ley valenciana de “concordia”, que elimina las medidas de memoria democrática en la autonomía, está generando todo lo contrario a lo que pretende su nombre. La norma presentada por PP y Vox en las Corts Valencianes, actualmente en fase de debate y participación pública, ha generado un rechazo unánime entre las entidades que se dedican a los derechos humanos y a la memoria histórica. Impulsada por la ultraderecha, que acusa ahora a los populares de “hacerles la guerra”, la norma tiene varios frentes abiertos.
La proposición de ley cuenta con críticas de las asociaciones de memoria histórica, las universidades públicas, los expertos en derechos humanos y hasta de Naciones Unidas por eliminar las referencias a la dictadura franquista y “blanquear” los crímenes cometidos desde el golpe de Estado contra la República. También de la oposición parlamentaria y del Gobierno central, que amenaza con enviarla al Tribunal Constitucional por colisionar con leyes estatales. Es, en esencia, un intento de borrado de la historia, a ojos de todas estas entidades.
Naciones Unidas lanza una advertencia
Tres relatores de Naciones Unidas señalan que el texto debe reconsiderarse porque pone en riesgo los avances en políticas de memoria, alineadas con los derechos humanos. Pese a los intentos del PP por desvirtuar el análisis -el partido ha asegurado que es “un bulo” y ha cuestionado el texto de los relatores-, y las descalificaciones de Vox, el documento trasladado el pasado viernes insta al Gobierno central a que “tome las medidas necesarias” para preservar la memoria histórica frente a las leyes de PP y Vox en Aragón, la Comunitat Valenciana y Castilla y León, alegando que pueden “invisibilizar” las “graves violaciones de los derechos humanos” cometidas durante el “régimen dictatorial franquista”, al que las normas no hacen referencia. El texto subraya sobre el proyecto valenciano que “desvirtúa el objetivo de las leyes de atender las necesidades y derechos de las centenas de miles de víctimas del franquismo y la guerra civil” y pone en riesgo las medidas tomadas hasta la fecha.
El documento suscrito por el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, denuncia que el texto valenciano no hace referencia a los procedimientos de exhumación y reparación, “no detalla las condiciones bajo las cuales se podrán iniciar nuevos procedimientos de este tipo” y tampoco reconoce las subvenciones para estas actividades que realizan entidades sin ánimo de lucro.
En concreto, prosigue el informe, “el proyecto de ley podría llevar a asimilar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura franquista y la guerra civil a un grupo heterogéneo de crímenes y/o violaciones cometidas por diferentes actores, estatales y no estatales, a lo largo del siglo XX en España, quitándoles el reconocimiento y la atención necesarios a los derechos de las centenas de miles de víctimas de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas durante la dictadura franquista”. Esto implica que se “podrían transgredir la obligación del Estado español, incluyendo sus tres poderes y sus entidades nacionales y locales, de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de derechos humanos”.
A ojos de este documento, que encaja con la visión que tienen las entidades que trabajan con las exhumaciones y los vestigios de la guerra, la ley en tramitación supone un borrado de la historia: “Pueden acarrear límites al acceso a la verdad sobre el destino o paradero de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, obstaculizan o suprimen las subvenciones de proyectos de memoria histórica ofrecidas actualmente a entidades de sociedad civil, pueden invisibilizar las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista, y/o omiten nombrar o condenar dicho régimen”, sentencia.
A raíz de este informe, los partidos de la oposición han vuelto a reclamar que se detenga la tramitación de la norma, mientras que el PP valenciano considera que “el informe de la ONU a petición de Sánchez es una broma. Carece de valor porque está lleno de insinuaciones, errores e inexactitudes”, en palabras de su portavoz parlamentario, Miguel Barrachina.
Los historiadores, en contra
Además del cuestionamiento de los derechos humanos, se suman las “carencias científicas” de la ley. Las tres universidades públicas valencianas han emitido una declaración, suscrita por los responsables de sus departamentos de Historia Contemporánea, donde señalan que la norma evidencia el “desconocimiento de los fundamentos científicos de las diferentes cuestiones que aborda”.
Los profesores afirman que PP y Vox albergan una concepción de la Historia “propia de un nacionalismo rancio” y “sin ningún tipo de sentido crítico”, contraria al espíritu universitario de “construir un discurso histórico riguroso y de proporcionar un conocimiento sólido y cimentado científicamente sobre el pasado”. “En una democracia, los poderes públicos no pueden marcar a los y las profesionales de la Historia cómo ni para qué se debe hacer la Historia, ni mucho menos obligarlos a 'proteger' una determinada visión 'honorable' y nacionalista”, afirma la declaración.
Las entidades de memoria piden su retirada
En la primera tanda de comparecencias parlamentarias, en la fase de participación pública, colectivos de memoria democrática y expertos como profesores o periodistas solicitaron la “inmediata” de la ley registrada por PP y Vox en las Corts Valencianes. Entre sus argumentos, consideran que la ley equipara el franquismo con la democracia y olvida a víctimas como los bebés robados, las mujeres encerradas por el Patronato de Protección a la Mujer o los abusos cometidos por la Iglesia católica, a los que no se hace mención en el texto legal.
“No se puede equiparar un régimen de terror y asesinatos masivos como la dictadura” franquista con la democracia. “No hay dos bandos: el único bando es el de la democracia, la libertad y los derechos humanos”, afirmó el responsable de la Coordinadora d'Associacions de Memòria Democràtica, Ángel González, mientras que la periodista María Palau, que aborda las acciones del Patronato de Protección a la Mujer durante el franquismo, una institución que ejercía de reformatorio de mujeres jóvenes, recordó que “ni la Iglesia ni el Estado han pedido perdón a estas mujeres. Nadie ha pensado en ellas, la Transición no ha pensado en ellas”.
En paralelo, familiares de víctimas, agrupaciones memorialistas, sindicatos, formaciones políticas y personalidades del mundo de la cultura han anunciado la creación de la Comisión Cívica por la Memoria y la Dignidad para ofrecer una respuesta “democrática y plural” que implique a los sectores “más amplios posibles de la sociedad”.
Mientras las entidades se revuelven contra la norma, el Gobierno central prepara los recursos de inconstitucionalidad a las normas. Tras conocer el informe de los relatores de Naciones Unidas, el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, emplazó a los Ejecutivos liderados por el PP en coalición con Vox a rectificar estas normas.