A un año del T-MEC, ¿tenemos algo que celebrar?

Basta con mirar la lista de pendientes en el sector pesquero para constatar que no se han cumplido los compromisos para asegurar la salud de los mares mexicanos.

Cumplimos el primer año del TMEC y pocas cosas han cambiado. Al menos en lo referente al capítulo 24, dedicado a los compromisos ambientales, no logramos avanzar como era necesario. Basta con mirar la lista de pendientes en el sector pesquero, un mercado que a nivel internacional es cada vez más exigente.

Llegamos al aniversario con un embargo a los productos del Alto Golfo, por la rampante pesca ilegal de totoaba que amenaza a la vaquita marina, y otra prohibición a nuestra pesquería de exportación más importante, el camarón, por la falta de uso de dispositivos excluidores de tortugas.

Este tratado es de los pocos compromisos internacionales firmados en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no hemos visto los resultados esperados.

El TMEC es mucho más que el capítulo ambiental, pero representa un gran logro para los tres países porque señala compromisos concretos, que se convierten en obligatorios y exigibles en uno de los temas prioritarios de nuestros tiempos: el cuidado y protección al medioambiente.

Un año después no hemos cumplido con los compromisos para asegurar la salud de los mares mexicanos. Estados Unidos, nuestro principal socio comercial para pescados y mariscos, ha destinado 8 millones de dólares para fortalecer su sistema de importación de productos marinos y dejar de fomentar la pesca ilegal.

Mientras, en México la falta de acción para detener este delito y el incumplimiento de las normas que ya existen para proteger a especies marinas nos generaron un embargo, y la pérdida de certificación para exportar camarón, del que dependen miles de familias mexicanas y que representa ingresos al país por más de 5 mil millones de pesos, según la Unidad de Inteligencia Económica Global de la Secretaría de Economía.

Una respuesta a este problema debió venir en dos líneas: mejorar las acciones para detener la pesca ilegal, y construir un sistema de trazabilidad que dé certeza a los compradores sobre el origen del producto.

Para el primer caso, no sólo no se mejoró el combate a la pesca ilegal, sino que el Estado mexicano se replegó y abandonó sus responsabilidades de inspección y vigilancia.

Una clara muestra es la reducción del presupuesto que destina la Conapesca para estas labores, el cual se contrajo 70 por ciento de 2020 a 2021.

Para el segundo caso, la Conapesca, hoy liderada por Octavio Almada Palafox, comenzó a trabajar en un sistema de trazabilidad que detuvo en seco desde inicios de este año, ante la incertidumbre política que permeó a la institución por la salida de su titular.

Como parte de los compromisos que asumimos en el combate a la pesca ilegal está implementar esquemas de monitoreo, control, vigilancia y cumplimiento. Entre las formas de cumplir con estas obligaciones se contempla la existencia de un registro público y accesible de información sobre buques pesqueros. El gobierno mexicano ya cuenta con el Sistema de Monitoreo Satelital de Embarcaciones Pesqueras (Sismep), que permite a la Conapesca monitorear a través del sistema satelital VMS (Vessel Monitoring System) a las embarcaciones pesqueras mayores.

Sin tener que asignar un peso de su presupuesto, nuestro país podría publicar esta información a través de la plataforma de Global Fishing Watch (GFW), un mapa público y de acceso gratuito que permite visualizar la actividad pesquera comercial a nivel mundial, casi en tiempo real.

Así lograríamos transparentar la actividad pesquera, vigilar lo que pasa en nuestros mares y exigir rendición de cuentas, tanto a la industria como a la autoridad.

La trazabilidad podría ser una gran herramienta para enfrentar las sanciones comerciales de Estados Unidos, ya que contribuye a verificar qué producto pesquero cumple efectivamente con las disposiciones de conservación de especies, así como demostrar su legal procedencia.

Estos son requisitos establecidos en el propio TMEC, en el Acuerdo de Cooperación Ambiental y Verificación Aduanera, y en la propia legislación mexicana. La existencia de esta norma es una obligación ineludible que permitirá cerrarle la puerta a la pesca ilegal, y favorecer el intercambio de productos de quienes cumplen con la normatividad.

Los mares y la economía están estrechamente vinculados. No puede haber una economía sana, sin mares sanos. El TMEC nos brinda una oportunidad de mejorar nuestras prácticas, pero es también una exigencia que compartimos y repetimos siempre: el sector pesquero debe transformarse, es por el bien del planeta, de los mares y por el bienestar de más de 2 millones de personas que dependen de la pesca.

La autora es directora ejecutiva de Oceana en México.