El gabinete de salud ‘boicotea’ a AMLO
Si mañana la 4T decidiera cancelar anticipadamente el contrato de 102 mdd a la Unops por una fallida compra, no habría espacio para reclamos.
El motivo por el cual Andrés Manuel López Obrador quebró la cadena producción-distribución de medicinas y dejó a un sector de la población sin insumos para la salud, según nos dijo, fue la corrupción y la opacidad de sus agentes económicos.
Con ese argumento encargó a la entonces oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, Raquel Buenrostro, operar la primer compra en la era de la 4T, cuyo resultado fue desastroso. Ubiquémonos en 2019.
Como el intento de inventar el hilo negro fue un fracaso, para 2020 algún genio le vendió la idea al Presidente de que, ante la incapacidad de Hacienda, lo mejor era contratar a la Unops, que tampoco tenía gran experiencia en el tema.
Pero lejos del cumplimiento del marco jurídico de transparencia, el modelo Instituto de la Salud para el Bienestar (Insabi), en mancuerna con la Oficina de las Naciones Unidas para Servicios de Proyectos, resultó peor.
Dicho modelo carece de procesos de información al público, a las instituciones del Sistema Nacional de Salud y a los agentes que participan en el proceso de adquisición.
Como decíamos, si mañana la 4T decidiera cancelar anticipadamente el contrato de 102 millones de dólares a la Unops por una fallida compra, no habría espacio para reclamos: tan incompetente el uno como el otro.
Y tan opaco el instituto que dirige el antropólogo Juan Antonio Ferrer como la oficina que dirige aquí Fernando Cotrim y que representa en la región Guiseppe Mancinelli.
NO EXISTE LIDERAZGO, acuerdos ni coordinación dentro del gabinete actual de salud. Un diagnóstico elaborado para la industria farmacéutica habla de la participación de agentes sin experiencia ni conocimientos. Y las menciona: Oficialía Mayor de Hacienda, Insabi y Unops, así como de la prohibición o limitación para participar de quienes sí sabían cómo hacerlo. Refiere al IMSS, pero no el de la 4T que dirige otro incompetente, Zoé Robledo, sino los que diseñaron y operaron las compras consolidadas que sí funcionaron y mantenían el mercado abastecido: las administraciones de José Antonio González Anaya y Mikel Arriola, en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y con ellos los operadores logísticos que López Obrador y Buenrostro satanizaron y acusaron de corruptos: Fármacos Especializados de Francisco Pérez Fayad, Dimesa de Carlos Álvarez Bermejillo, Maypo de Carlos Arenas, Ralca de Alberto Ramírez de Aguilar y CPI de Gerardo Morán, principalmente. Son infundadas las acusaciones del gobierno federal de ‘boicots’ de empresas que mantenían monopolio de la venta y distribución de medicamentos. En todo caso, si hubiere algún ‘boicot’, éste es una consecuencia indeseada del desorden que prevalece al interior del gabinete de salud. El ‘boicot’ es interno.
FUNDADO EN UNA supuesta acción en contra de la corrupción, el sistema de adquisición de medicamentos e insumos para la salud se encuentra en unos de los momentos más notables de opacidad de los años recientes, de acuerdo con organizaciones no gubernamentales y centros de investigación. Un análisis desarrollado para el sector empresarial, refiere que las instituciones carecen de información sobre cuándo y cuánto recibirán los insumos solicitados. “La industria no tiene comunicación con las autoridades nacionales ni con la Unops”. De manera informal se ha conocido que hay indicaciones expresas por parte del director general del Insabi, Juan Ferrer, de no recibir a cámara o asociación del sector farmacéutico. Pero la Unops, que preside Grete Faremo, tampoco canta mal las rancheras. “El referente más cercano de la opacidad en los procesos de la Unops es el caso del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, quien ya ha celebrado en diversas ocasiones contratos para el abasto de sus necesidades de medicamentos y demás insumos para la salud, y sobre el que alertó la Contraloría General de Cuentas de Guatemala, al señalar que el convenio con la Unops no permitía fiscalizar los recursos enviados a la Unops”.
EL 60 POR CIENTO del volumen de medicamentos convocados por la Unops se encuentra aún sin proveedor, refiere el estudio privado. El 55 por ciento de las claves desiertas corresponden a más de 962 millones de piezas de medicamentos de un total convocado de poco más de un millón 606 mil piezas. Solo 40 por ciento, alrededor de 644 mil piezas del volumen, ha sido adjudicado. “Entre las claves que aún no tienen fuente de abasto se encuentran la metformina, propofol, metotrexato, heparina, insulina humana, omeprazol, ácido acetilsalicílico, atorvastatina, amoxicilina, diclofenaco, clonazepam, ciprofloxacino y ceftriaxona, la mayoría medicamentos para padecimientos agudos y crónicos degenerativos, que históricamente la industria ha proveído sin problema alguno. Sin embargo, el abasto de ese 40 por ciento de lo que adjudicó la Unops no está asegurado porque la mayoría de las empresas proveedoras de esas 531 claves no cuentan aún con contrato, y en los casos que sí, se han encontrado con errores como vigencia, volúmenes adjudicados y entregas.
LOS AHORROS EN las compras de medicamentos de 2019 y 2020 anunciados por la Secretaría de Hacienda, que todavía encabeza Arturo Herrera, y la Secretaría de Salud, que maneja Jorge Alcocer, son imposibles de verificar y ni el mismísimo López Obrador los ha podido comprobar. Desde 2019 no se pudieron evidenciar. Durante la compra de ese año las autoridades no han publicado documento alguno que demuestre el ahorro. La Auditoría Superior de la Federación, que comanda David Colmenares, en su informe de Cuenta Pública 2019 no pudo determinar si se obtuvo una reducción en el precio de distribución de los bienes terapéuticos adquiridos. Se dice que se ahorraron 11 mil 880 millones de pesos que no se pueden comprobar. Según el informe sobre la situación económica de la Secretaría de Hacienda de 2021, indica que dada la situación de emergencia sanitaria “llama la atención que el gasto en el Ramo 12 ‘Salud’ durante el primer trimestre de 2021 fue inferior en 26.4 por ciento, lo que implicó que se ejercieron 8 mil 693.5 millones de pesos menos”. Este hecho, señala el análisis independiente, genera dudas de si acaso se confunde el concepto ‘ahorro’ con el de ‘subejercicio’ de los recursos fiscales.
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