Marko Cortés, dirigente del PAN, acusa persecución política contra Ildefonso Guajardo
Durante los años 2014 a 2018, Ildefonso Guajardo como servidor público probablemente obtuvo un incremento injustificado en su patrimonio, del que no pudo acreditar su legal origen.
El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, acusó al gobierno de una persecución política en contra de Ildefonso Guajardo, extitular de la Secretaría de Economía durante el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, señalado por enriquecimiento ilícito.
“Es absolutamente inaceptable la persecución política del gobierno morenista contra los opositores de su régimen autoritario. Ahora fue el turno de Ildefonso Guajardo. En el bloque opositor no nos dejaremos amedrentar. #VaPorMéxico”, expresó mediante su cuenta oficial de Twitter.
El expresidente panista Vicente Fox también mostró apoyo mediante su red social al exfuncionario. Asimismo, Enrique de la Madrid, exsecretario de Turismo también durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, dijo estar convencido de la “honorabilidad y capacidad” de Guajardo.
Es absolutamente inaceptable la persecución política del gobierno morenista contra los opositores de su régimen autoritario. Ahora fue el turno de @ildefonsogv. En el bloque opositor no nos dejaremos amedrentar.#VaPorMéxico
— Marko Cortés (@MarkoCortes) July 10, 2021
Ildefonso Guajardo Villarreal fue vinculado a proceso el viernes por presunto enriquecimiento ilícito.
La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), obtuvo del Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, de la Ciudad de México, vinculación a proceso en contra el exfuncionario.
En un comunicado, señaló que durante los años 2014 a 2018, Guajardo como servidor público probablemente obtuvo un incremento injustificado en su patrimonio, del que no pudo acreditar su legal origen.
Por lo anterior, el Juez de Control dictó también como medidas cautelares la firma periódica y la prohibición de abandonar el país sin autorización judicial.
Se concedió a la FGR un plazo de cuatro meses para el cierre de investigación complementaria.