El reto de Ramírez de la O para restaurar la confianza

Varias decisiones recientes han afectado la confianza de los inversionistas sobre México y esto preocupa al sector empresarial.

El nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien aún debe ser ratificado para el cargo por la Cámara de Diputados, se comprometió a promover “el buen clima económico y la confianza con los empresarios e inversionistas, impulsando la recuperación económica del país que inició en 2021”.

En un comunicado de prensa emitido ayer, la Secretaría de Hacienda dejó claro los principales compromisos de Ramírez de la O, que se resumen en estabilidad macroeconómica, disciplina fiscal, endeudamiento limitado y austeridad en el gasto.

También informó que los cambios de funcionarios en Hacienda “se darán a conocer en su momento”, pues la intención del secretario entrante es “mantener una transición ordenada”, así como “asegurar un Paquete Económico 2022 en tiempo y forma”.

Ninguna referencia al aumento de la inflación a nivel global y también nacional, ni al surgimiento de nuevas variantes del virus SARS-CoV-2, que no sólo hacen más retadora la contención de la pandemia, sino que representan un riesgo para la recuperación económica.

Llama la atención que el nuevo responsable del manejo de las finanzas públicas del país considere necesario generar confianza entre los empresarios e inversionistas, cuyas percepciones sobre México se han visto afectadas por decisiones del gobierno.

Apenas en la semana se publicó la encuesta mensual que realiza Bank of America entre administradores de fondos de Latinoamérica, donde la muestra es de 32 participantes que manejan aproximadamente 53 mil millones de dólares en activos.

Una primera conclusión es que el sentimiento sobre México para los próximos seis meses se mantiene positivo. Tan es así que, según los inversionistas consultados, cada vez parece menos probable que la deuda soberana pierda el grado de inversión.

En julio sólo el 31 por ciento cree que México será objeto de un recorte en la calificación crediticia soberana. Hace un año, el 77 por ciento pensaba que el país iba a perder el grado de inversión eventualmente.

Sin embargo, el 38 por ciento de los manejadores de fondos consultados considera que el principal riesgo en México son las decisiones gubernamentales.

La cifra representa un incremento respecto a la encuesta previa, cuando sólo el 30 por ciento de los inversionistas veía en las decisiones de la actual administración el mayor riesgo en el país.

Varias decisiones recientes, no sólo gubernamentales, han afectado la confianza de los inversionistas sobre México y han sido motivo de preocupación del sector empresarial.

Destacan el deterioro del marco institucional del país, los cuestionamientos reiterados del presidente López Obrador a los organismos autónomos y las reformas sobre las leyes de los sectores eléctrico y de hidrocarburos, que modifican las reglas vigentes para favorecer a CFE y Pemex.

Esas reformas, que causan una alta incertidumbre sobre la política energética del ‘gobierno de la transformación’, están siendo impugnadas por particulares ante el Poder Judicial.

Sobre el ámbito institucional, primero la Suprema Corte de Justicia de la Nación autorizó una versión ambigua de la consulta popular propuesta por AMLO y convocada para el 1 de agosto para investigar a expresidentes de la República.

Después el Congreso aprobó una reforma a las leyes reglamentarias del Poder Judicial, que amplía por dos años la duración del periodo del ministro Arturo Zaldívar como presidente de la SCJN.

La consulta no sólo es polémica, sino que pone en duda la autonomía institucional de la Corte, mientras que la reforma raya en lo ilegal e inconstitucional, pues el mandato del presidente de la SCJN establecido en la Constitución es de cuatro años, no de seis.

A eso se agregan los ataques y cuestionamientos a las funciones de los organismos autónomos, sobre todo del INAI, la Cofece y el IFT, por parte del presidente López Obrador.

Es positivo que entre las prioridades de Ramírez de la O esté buscar el retorno de un ambiente de negocios favorable y la mejoría de la confianza de los empresarios e inversionistas.

De lo contrario, se verá limitada la recuperación de la inversión privada y se mantendrán las preocupaciones sobre la economía mexicana, cuya reactivación requiere también de certidumbre y certeza jurídicas.