El miedo y la avalancha. La condición
La continuidad de la 4T está dispuesta a echar mano de todos los recursos a su alcance, legítimos o no, para garantizar su trascendencia.
Finalmente, entre confrontaciones, denostaciones y manoseos se logró en el Congreso federal la aprobación del llamado “plan B”, que siguió al rechazo rotundo de la pretendida reforma constitucional en materia electoral impulsada por el jefe del Ejecutivo.
De nada sirvieron las muchas expresiones argumentativas técnicas, políticas, sociales o jurídicas sobre la inconstitucionalidad de las reformas presentadas y el evidente desaseo procedimental. El objetivo, al menos de inicio, se cumplió por vía del mayoriteo ya anunciado y ante la advertencia de recurrir a las impugnaciones masivas ante la Suprema Corte, que sin duda determinarán el ambiente político que se vivirá en los meses por venir y condicionarán el futuro de la democracia mexicana.
El arranque de la turbulenta circunstancia que atravesamos fue sin duda el anuncio de la iniciativa de reforma constitucional que generaría transformaciones sustanciales al sistema electoral y tuvo como respuesta el masivo rechazo social que se manifestó de manera contundente y elocuente en las principales calles de la capital de la República y se replicó en el interior del país.
A partir de entonces, la respuesta del movimiento transformador, evidentemente virulenta, puso en marcha la aplanadora maquinaria, empleando todos los recursos a su alcance para darle la vuelta al manifiesto rechazo o pasar sobre él de la forma que sea. La batalla total y no necesariamente con los medios más ortodoxos.
Un breve análisis sobre la cronología de los eventos nos lleva a interpretar el efecto que tuvo la manifestación del día 13 de noviembre sobre el ánimo gubernamental, tanto por su magnitud y capacidad de convocatoria, como por su carácter ciudadano voluntario que lanzó una advertencia respecto a la capacidad de organización social e indudablemente sembró inquietudes en el sector oficial y motivó su reacción con medidas extremas y por la vía fast track.
Es claro que un factor que ha condicionado la adopción de mecanismos cuestionables para el control de los procesos electorales desde el gobierno, aduciendo razones de economía presupuestal, es el temor y la incertidumbre, bajo la percepción de que, la realidad es que existe un gran clamor social que se opone a la continuidad de la 4T que está dispuesta a echar mano de todos los recursos a su alcance, legítimos o no, para garantizar su trascendencia.
Tras la aprobación en el Congreso, con todos los óbices que se le interpusieron y ante la advertencia de la avalancha de demandas que se presentarán en el futuro inmediato, la pelota se trasladará a la Corte Suprema de la nación donde deberá dirimirse la constitucionalidad de las reformas.
En todo caso, lo que está en juego es la estabilidad nacional, la certeza y legitimidad del poder. Quedará en la Corte, en suma, la definición sobre el futuro del sistema democrático.
Falta, desde luego, analizar el papel que sectores y actores estatales y no estatales que hoy manifiestan gran activismo jugarán en los acontecimientos por venir y los niveles de beligerancia social, política y económica que hayan de asumir.
Ojalá sean unas felices fiestas.