Degradación de la democracia mexicana
La degradación de nuestra democracia fue planeada desde el principio por Andrés Manuel López Obrador. Su plan era tan descabellado que pocos lo creían.
Universidad Iberoamericana de Puebla y Universidad de Guadalajara
Hace ya más de dos años, en octubre de 2020, que salió el reporte de Signos Vitales denominado “México enfermo con indicios de un régimen totalitario” (https://signosvitalesmexico.org.mx/reportes/reporte-2-completo/). Muchos analistas de entonces consideraron en ese momento que el título había ido demasiado lejos y que México ni siquiera se asomaba a convertirse en un régimen totalitario. En realidad, lo que el título indicaba únicamente era que había “indicios” de un régimen totalitario sin todavía serlo. Creo que tanto los críticos como Signos Vitales tenían razón: México no era un régimen totalitario, ni lo es aún, pero ya había indicios del camino que el nuevo gobierno estaba tomando.
Desde aquel octubre de 2020 el reporte señala que “existen numerosos indicadores que muestran que México se está enfilando a convertirse en un país de un solo hombre, sumido en la depresión económica y con una sociedad cada vez más empobrecida, distanciada y desigual, sin haber erradicado la corrupción y mucho menos la impunidad. La democracia mexicana, con todas sus imperfecciones, está acechada desde el poder. Las instituciones democráticas se han debilitado y algunas incluso han desaparecido en los hechos por la nulificación de su efectividad. Ya sea mediante el castigo, la intimidación, la asignación discrecional, el retiro de recursos públicos, o los nuevos nombramientos a puestos claves, se están generando las condiciones que fortalecen el poder e influencia de las Fuerzas Armadas al mismo tiempo que menoscaban las instituciones civiles. El gobierno está desarrollando simultáneamente acciones que debilitan a los actores civiles e institucionales que sirven como vigilantes y contrapesos del poder presidencial. El resultado es una preocupante tendencia a la concentración del poder público en una sola persona, apoyada por las Fuerzas Armadas, en un proceso cada vez más claro de militarización del Estado” (pp. 19-20).
Hoy, 23 de marzo de 2023, esta tendencia no sólo se ha confirmado sino se ha recrudecido. Hoy no queda la menor duda que López Obrador, con el beneplácito del anterior presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, buscó neutralizar a la Corte. El último acontecimiento fue la quema de la efigie de la presidenta de la Corte de Justicia, la ministra Norma Piña, alentada sin duda por los constantes ataques a su persona en la mañanera, y quien valerosamente y con total dignidad le ha dado una cara de autonomía a la Corte que parecía haber perdido en la era de Zaldívar. Hoy es evidente el poder que han acumulado las Fuerzas Armadas en la vida pública, al grado que espía a activistas sociales, a periodistas y a otros civiles de manera ilegal y desde un centro de inteligencia que no se encuentra en la estructura de la Sedena y con total impunidad. No debe ser así. Hoy se ha recrudecido el acecho al árbitro electoral, como ha sucedido en numerosos países autoritarios y populistas recientemente, amedrentando a sus consejeros y promoviendo reformas claramente inconstitucionales para allanar el camino a una elección de estado en 2024. Tampoco hay un resquicio de duda de las presiones al INAI y la colonización de otros órganos constitucionalmente autónomos que ha logrado neutralizar como contrapesos constitucionales, principalmente la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y a esta lista se le pueden sumar numerosos ejemplos de lo que ha sucedido.
La degradación de nuestra democracia fue planeada desde el principio por Andrés Manuel López Obrador. Su plan era tan descabellado que pocos lo creían y muchos otros no querían creer sus objetivos para destruir nuestra democracia. Era demasiado terrible para ser verdad. Pero los indicios ya estaban ahí, para quien estuviera dispuesto a verlos. López Obrador ha seguido su proyecto paso a paso, sin interrupción, a lo largo de los últimos cuatro años. Este proceso no ha pasado inadvertido a observadores colectivos como Signos Vitales, ni a mediciones internacionales como las efectuadas por el índice de Democracia de la Intelligence Unit del Economist, o el índice de Estado de derecho del Word Justice Project, o el índice de “Variedades de democracia” publicadas por el V-Dem Institute.
Ante estos embates de las andanadas presidenciales, algunas instituciones han logrado resistir. Servidores públicos con enorme dignidad, valentía, amor por la Patria han sabido defender las instituciones que son baluartes de nuestra democracia. Innumerables organizaciones de la sociedad civil, periodistas, activistas, académicos y profesionistas están dando la batalla también, con inteligencia y arrojo. Hoy, pareciera que la Suprema Corte de la Nación, encabezada por la ministra Norma Piña, quien ya ha mostrado su fortaleza y dignidad y a pesar de ciertos ministros colocados ahí por el presidente López Obrador, es el último dique que puede impedir la destrucción de nuestra democracia. Hoy, más que nunca, la Corte está llamada a jugar un papel definitorio en defensa de nuestro orden constitucional.