Expulsar el odio y la violencia: misión inmediata
Evitar expresiones y acciones de odio hacia el otro, hacia el diferente, sea o no adversario, es una de las principales tareas del Estado democrático, de sus políticos y gobernantes. La participación de la sociedad es indispensable, pero sus intervenciones no siempre son tan oportunas y eficaces como se requiere. Toca pues al Estado, desde sus distintos miradores y plataformas, tomar cartas en este asunto; por ello sorprende y preocupa la pasividad del Congreso y de los partidos que en él participan. Cuando no su aguerrida participación en hechos y dichos de violencia verbal.
La agresión a la presidenta de la Suprema Corte, la ministra Norma Piña, no puede pasar desapercibida, menos dejar de ser “nota”. Debe ser motivo de urgente acción correctiva tanto por el Poder Legislativo, los partidos, así como tema de amplia deliberación de los medios de información y comunicación. No ha sido el caso hasta el momento de escribir esta comunicación.
Asociaciones de abogados han manifestado amplio repudio a esas prácticas y exigen del Poder Ejecutivo una pronta y satisfactoria reacción, pero la magnitud simbólica de la agresión es de tal envergadura que requiere la expresión, clara y contundente, de una voluntad comprometida con la construcción de una verdadera y racional interlocución entre los actores organizados de la política y el intercambio social. Los gobernantes de todos los niveles y el Presidente de la República y sus principales colaboradores, desde luego los secretarios de la Defensa y la Marina Armada.
No pienso que sea un abuso de la hipérbole insistir en la gravedad que revisten las agresiones a la ministra Piña. La amenaza puede no “ejecutarse”, pero la cadena siniestra de la naturalización de la violencia está en marcha.
Hay que salir del pozo maldito: no solo exigir que el lenguaje presidencial sea modulado y respetuoso, sino con firmeza y claridad salir al paso ante las mil y una agresiones verbales del presidente a periodistas y críticos de sus posturas y políticas.
Ni la violencia discursiva ni las agresiones personales deben tener permiso; ayer fue a la ministra Piña, antes las vejaciones virtuales a Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, funcionarios de Estado cuya conducta ha sido intachable, como sólida su conducción del órgano electoral.
Lo que ahora ponemos de relieve nos obliga a asumir la urgencia del tema que nos compete a todos, y contagiar con este sentido a las más amplias capas de la sociedad. Seremos país de excepción y bien portado, como se decretó recientemente en Mérida, pero lo que deberíamos asumir es que esas reales y supuestas fortalezas no pueden hacer frente a fuerzas desatadas por la violencia y el odio. Es imposible.
Si se trata de hacer las cuentas con la historia de la soberanía y el poder, como pretendió hacerlo el Presidente este sábado, abramos los libros mayores de una auditoría que nos advierte no solo de muchos, demasiados huecos en nuestras estructuras económicas y sociales, sino de la amenazadora y abrumadora presencia de la violencia criminal y la negación del derecho y las leyes en que nos hemos metido sin pausa y hasta con prisa.
Éste tendría que ser el inicio de un auténtico ejercicio republicano de rendición de cuentas, de unos para otros, del poder a los ciudadanos, de estos con ellos mismos.
(Re)crear nuestras formas de convivencia exige evitar que las violencias se entronicen. El debate no puede pretender mimetizarse con los métodos atrabiliarios de quienes se dicen promotores y defensores de un orden nuevo. Los discursos incendiarios no sustituyen a las razones. Y es de su ejercicio de lo que hoy carecemos en la vida pública.