Top secret
El senador Joseph McCarthy, que presidía el Comité de Actividades Antiamericanas, acusó de ser agentes de Moscú a miembros del gabinete e incluso a varios de sus colegas en el Capitolio.
Durante la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos se fueron estableciendo controles sobre la información gubernamental, especialmente la relativa a la defensa. Se temía que el enemigo, por descuido o a través del espionaje, pudiera obtener datos que le permitieran causar daños al país.
El presidente Truman incluso ordenó crear juntas revisoras de lealtad. Miles de empleados públicos fueron suspendidos o despedidos por no dejar cerrados los archiveros en la noche o por estar suscritos a revistas alemanas.
La paranoia creció con el inicio de la Guerra Fría. Los científicos que habían participado en el desarrollo de la bomba atómica se volvieron sospechosos cuando los soviéticos lograron construir la suya. El presidente Eisenhower ordenó investigar a todos los empleados federales y casi la totalidad de la documentación oficial se volvió secreta. Hasta los memorandos más intrascendentes estaban clasificados y requerían autorizaciones múltiples.
El senador Joseph McCarthy, que presidía el Comité de Actividades Antiamericanas, acusó de ser agentes de Moscú a miembros del gabinete e incluso a varios de sus colegas en el Capitolio. Intelectuales, académicos, periodistas y actores fueron perseguidos por simpatizar con el experimento socialista en la URSS.
El FBI, bajo el mando de Edgard Hoover, vigiló ilegalmente y durante años a cientos de personas etiquetadas de izquierda.
Con el tiempo, se dieron cuenta de que habían exagerado. Sólo pescaron a unos cuantos espías y, a cambio, entorpecieron grandemente las actividades administrativas y ofendieron a los burócratas al no considerarlos dignos de confianza. Lo peor fue que los ciudadanos no se podían enterar de lo que hacían los funcionarios, amparados en la opacidad.
Durante 12 años, el representante demócrata John E. Moss promovió una ley para abrir la información del gobierno federal. Las dependencias alegaban que no tenían presupuesto para ese fin y los políticos no querían verse expuestos a la mirada ciudadana. Finalmente, a regañadientes, Lyndon Johnson firmó la Ley de Libertad de Información (FOIA) en 1966.
Sólo quedaron tres clasificaciones (confidential, secret, top secret). Con excepciones de sentido común (información que afecte la seguridad nacional, la política exterior, la estabilidad financiera, los secretos comerciales, los procesos judiciales), se obligaba a las secretarías y agencias a entregar a cualquier solicitante la información disponible en un máximo de 10 días. En caso de no recibirla podían quejarse en el área jurídica del organismo o, de plano, acudir a las cortes de distrito.
Aunque al principio sólo hacían requerimientos los medios de comunicación y los despachos jurídicos, pronto se interesaron los individuos y las organizaciones sociales.
Revelaciones
En 1971, Daniel Ellsberg entregó a los editores del New York Times, del Washington Post y de otros 15 periódicos, porciones de un estudio interno del Departamento de Defensa (en el que había participado) sobre la evolución de la guerra de Vietnam. Ahí quedaba patente que el presidente Lyndon Johnson había ocultado muchos errores y había mentido repetidamente a la opinión pública.
Ellsberg fue acusado de espionaje y de traición, cargos que le fueron retirados cuando los jueces reconocieron que al dar a conocer “los papeles del Pentágono” se había dado vigencia a la libertad de prensa (la historia inspiró la película The Post, dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Meryl Streep y Tom Hanks).
En 1972 estalló el escándalo Watergate, cuando se descubrió que desde la Casa Blanca se ordenó espiar a los opositores. La gente exigió respeto a la información personal en poder del gobierno y, a pesar del veto del presidente Gerald Ford, se aprobó la Ley de Privacidad (1974).
El mismo Ford tuvo que firmar la Ley del Gobierno a la Luz del Sol (1976), que dispone que todas las reuniones de cuerpos colegiados sean abiertas.
Por medio de órdenes ejecutivas, Bill Clinton determinó que los documentos de seguridad nacional sean publicados después de 25 años y que toda la información pública esté en línea.
En 1997 se empezaron a aplicar las recomendaciones del reporte de la Comisión para Reducir la Secrecía Gubernamental (encabezada por el senador Patrick Moynihan).
En 2007 se expidió la Ley del Gobierno Abierto, que crea la Oficina de Servicios Informativos del Gobierno.
Aunque persisten las resistencias (como lo muestran los casos Irán-Contra, Julián Assange y Edward Snowden), los americanos tienen instrumentos para sostener un debate público informado y para que su gobierno rinda cuentas de las acciones que toma en su representación.