Decisión de la Corte sobre ‘Plan B’ da certeza a elecciones: Marco Baños
Algunos especialistas aseguran que la segunda parte del Plan B tendrá el mismo resultado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La decisión de nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de invalidar la primera parte del Plan B de la reforma electoral, es una forma de dar certeza a las próximas elecciones en México, dijo Marco Antonio Baños, exconsejero del Instituto Nacional Electoral (INE).
“Existe la posibilidad de que se mantenga el equilibrio entre los poderes y contrapesos”, explicó durante el Foro EF Meet Point Virtual Elecciones en Edomex y Coahuila: la antesala del 2024, de El Financiero.
La sentencia de la Corte resuelve la situación de la discusión de la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, consideró Marco Baños.
“Es un hecho concreto que la segunda parte del Plan B está viciada por la misma situación que ocurrió con la primera”, explicó el exconsejero electoral.
Por ello, algunos especialistas aseguran que la segunda parte del Plan B tendrá el mismo resultado en la Corte, dijo el exconsejero Electoral.
“Ha sido muy afortunado que Norma Piña sea la presidenta de la Suprema Corte de Justicia porque con gran dignidad defiende la independencia que le corresponde a la Suprema Corte”, agregó.
¿Qué contiene la segunda parte del ‘Plan B’ de reforma electoral?
La segunda parte del Plan B de la reforma electoral incluye cambios en la estructura del Instituto Nacional Electoral y los Órganos Públicos Locales Electorales (OPLES).
Entre sus puntos más importantes están:
- La eliminación de 300 juntas ejecutivas distritales.
- La desaparición del Servicio Profesional Electoral.
- Reducir el calendario del proceso electoral.
- Eliminar dos salas regionales del Tribunal Electoral.
- Que los salarios de los consejeros del INE y los magistrados del Tribunal Electoral sean menores al sueldo del presidente.
También la segunda parte del Plan B habla sobre la Ley General de Partidos Políticos que tiene un conjunto de disposiciones que favorecen a los partidos frente a las autoridades electorales.