Cooperación México y EU vs. tráfico de fentanilo se ‘enfría’ en el peor momento posible

Un acuerdo informal para detener el tráfico de precursores nunca arrojó resultados. AMLO niega que los cárteles produzcan fentanilo a pesar del incremento de las importaciones de químicos.

En 2021, cuando la crisis de fentanilo se recrudecía en Norteamérica, las autoridades antinarcóticos de Estados Unidos identificaron decenas de empresas mexicanas sospechosas de traficar con sustancias clave para elaborar la droga. Estos hallazgos fueron presentados a quien entonces era el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en México (UIF), Santiago Nieto.

Las dos partes acordaron cooperar para investigar a las empresas presuntamente involucradas, según funcionarios y exfuncionarios de ambos países. Tres personas cercanas a la DEA afirman que ese acuerdo incluía planes para congelar las cuentas bancarias de las 50 empresas mexicanas que esta agencia había identificado como presuntas traficantes.

Año y medio después, no hay ningún avance en ese frente, según personas cercanas a la DEA que pidieron no ser identificadas por no estar autorizadas a hablar de las operaciones. A fines de 2021, Nieto dejó la UIF y, al día de hoy, solamente se han bloqueado las cuentas de una empresa en la lista de la DEA.

El fracaso de lo que los funcionarios estadounidenses describen como una prometedora señal de cooperación pone de relieve las tensas relaciones entre ambos países en un momento en que las drogas sintéticas están ocasionando números récord de muertes en Estados Unidos. El auge del fentanilo se ha convertido en un problema particularmente acuciante para el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha negado que la droga se produzca en México y a menudo usa sus mañaneras para culpar a Estados Unidos de ser un consumidor insaciable.

Las complejidades de esta relación bilateral para combatir las drogas se han sentido en las últimas semanas. El 13 de abril, una delegación del Gobierno mexicano viajó a Estados Unidos y fue recibida mayormente por funcionarios de menor nivel. Tras la reunión, los países acordaron intensificar la lucha contra la producción de fentanilo y el tráfico ilegal de armas.

El 14 de abril, el Departamento de Justicia estadounidense acusó a cuatro hijos del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán de dirigir “la operación de tráfico de fentanilo más prolífica del mundo”. La semana siguiente, López Obrador criticó repetidamente las investigaciones de la DEA.

El 9 de mayo, López Obrador conversó con el presidente Joe Biden sobre migración, narcotráfico y contrabando de armas y dijo en Twitter que los dos mandatarios reafirmaron el compromiso de seguir trabajando juntos.

Ese mismo día, el Tesoro de Estados Unidos sancionó a uno de los hijos de Guzmán, conocidos como Los Chapitos, por ayudar presumiblemente a dirigir “superlaboratorios” y traficar drogas.

Las relaciones de los dos países han caído en una “espiral que no para de deteriorarse”, apuntó Vanda Felbab-Brown, investigadora de la Brookings Institution que ha comparecido ante el Congreso de Estados Unidos para hablar del crimen organizado mexicano. “Los Chapitos proporcionaron evidencia poderosa de la gran producción de fentanilo en México”, añadió. “Ahora tenemos que ver si las recientes reuniones de alto nivel conducirán, con el tiempo, a una mejor y adecuada cooperación”.

Pablo Gómez, quien reemplazó a Nieto al frente de la UIF en 2021, dijo que los funcionarios de EU no se han quejado de ninguna falta de acción contra empresas específicas. En entrevista con Bloomberg, dijo que no sabía de ningún acuerdo con la DEA para congelar cuentas y que la UIF había bloqueado las de decenas de empresas ligadas al tráfico de fentanilo.

“No hay nada que no se analice y se actúe en consecuencia con base en nuestro marco de cooperación”, dijo Gómez.

Además, no precisó cuáles eran las empresas cuyas cuentas habría bloqueado la UIF. De la lista elaborada en 2021 por la DEA con las 50 principales empresas sospechosas de traficar precursores, solo congelaron las cuentas de Grupo Pochteca, el mayor distribuidor de productos químicos del país, según personas con conocimiento del tema. La empresa ha negado cualquier actividad ilegal. Las cuentas solo pueden congelarse legalmente si hay una solicitud formal del Gobierno de EU, explicó Gómez, y agregó que hubo críticas sobre lo que se hizo con las cuentas de Pochteca. Dijo que no tiene ningún sentido bloquear las cuentas de una empresa que tiene miles de trabajadores debido a las acciones de unos cuantos potencialmente involucrados en la importación de precursores químicos. La DEA declinó comentar para este artículo; en tanto que la oficina del presidente de México no respondió a las solicitudes de comentarios.

Importación de precursores

La lucha contra quienes trafican químicos y los proveen a los cárteles de la droga había sido un frente inusual en el que las autoridades mexicanas y estadounidenses al principio parecían estar logrando avances. Pero al asumir la presidencia a fines de 2018, López Obrador rompió con la estrecha cooperación operativa con Estados Unidos que habían adoptado las Administraciones recientes. Descartó la estrategia de ir tras los cabecillas de los cárteles y culpó a sus predecesores por desatar la violencia con su guerra contra el narco.

La colaboración antinarcóticos entre los dos países se deterioró aún más tras el arresto sorpresa del general Salvador Cienfuegos en el aeropuerto de Los Ángeles a fines de 2020, acusado por la DEA de tener vínculos con el narcotráfico. El exsecretario de la Defensa sería luego exonerado por la Fiscalía mexicana.

En México, el caso ayudó a avivar una ya arraigada desconfianza hacia la DEA entre los funcionarios del Gobierno, así como la creencia de que esa agencia utiliza las llamadas tácticas de cowboy que ignoran las leyes y sensibilidades locales. López Obrador y otros funcionarios mexicanos han señalado que la información utilizada por la DEA para presentar cargos contra Cienfuegos carecía de sustento.

Mientras tanto, durante la pandemia, Estados Unidos enfrentaba un incremento de muertes por sobredosis con fentanilo, lo que aumentó la urgencia de frenar el comercio de sustancias químicas usadas en su elaboración. El movimiento que tenían en México esos ingredientes esenciales, conocidos como precursores, recibió cada vez más atención desde que China prohibió las exportaciones de fentanilo sintetizado en 2019.

Antes de ese año, solo dos empresas mexicanas importaban regularmente un químico llamado 4-piperidona, según datos de importación recopilados por la DEA y a los que Bloomberg tuvo acceso. Es un ingrediente indispensable para elaborar fentanilo, aunque tiene usos médicos legítimos.

En 2019, cinco pequeñas empresas, ubicadas tanto en áreas industriales como residenciales cerca de la capital mexicana y de puertos clave, comenzaron a importar cantidades significativas del químico, según reflejan los datos de importación y los registros públicos. Pronto aparecieron más empresas que importaban abiertamente 4-P, como se le conoce.

Para inicios de 2021, los agentes de la DEA habían identificado a las diez principales empresas que, en su opinión, claramente estaban suministrando precursores químicos a los cárteles de la droga. Pero a pesar de la creciente evidencia del tráfico, no pudieron obtener una respuesta coordinada de las autoridades mexicanas, dijeron las fuentes de la DEA.

La agencia estadounidense encontró un aliado en Nieto, para ese momento uno de los miembros más visibles de la Administración obradorista. Según las fuentes de la DEA, Nieto acordó la estrategia de congelar simultáneamente las cuentas bancarias de 50 empresas, sus dueños, sus cónyuges y otros principales accionistas.

Un funcionario mexicano con conocimiento del tema ofreció una versión diferente, dijo que la oficina de Nieto dudaba en actuar solo con base en la presunción de envíos sospechosos y se comprometió a congelar las cuentas solamente si encontraban otra evidencia.

Un representante de Nieto, quien actualmente está al frente de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo, declinó comentar para este artículo.

La única señalada

Pochteca, el mayor distribuidor de productos químicos del país, no estaba en la lista de las diez principales compañías nombradas por la DEA; sin embargo, sus cuentas fueron congeladas a mediados de octubre de 2021.

La empresa ha negado haber abastecido a narcotraficantes o haber importado alguna vez precursores de fentanilo. En un comunicado a Bloomberg, la compañía indicó que sus programas de control de los denominados químicos esenciales cuentan con la certificación mexicana y estadounidense, y que estos químicos se usan ampliamente con fines legítimos, aunque también se emplean para fabricar drogas sintéticas. Todavía está en la pelea para que se descongelen sus cuentas.

El director general de Pochteca es cofundador de México Unido Contra la Delincuencia, una asociación que ha criticado la estrategia de seguridad de López Obrador e impugnó reformas que han empoderado al Ejército y a la Guardia Nacional.

Nada pasó con las otras 49 empresas en la lista de la DEA. A los pocos días de que congelara las cuentas de Pochteca, Santiago Nieto contrajo matrimonio en una lujosa celebración en Guatemala que recibió amplia cobertura de los medios y desafió la cruzada de austeridad de López Obrador. Nieto renunció a la UIF y dijo en Twitter que no quería afectar el proyecto del presidente ante las críticas por un evento “personal y transparente”.

Nieto tenía un historial de ser más agresivo que sus predecesores para congelar cuentas. Mientras que los anteriores jefes de la UIF bloquearon un promedio de menos de 3 mil 500 cuentas al año, Nieto bloqueó más de 21 mil en 2020, según registros públicos.

López Obrador sustituyó a Nieto con Pablo Gómez, un político que se integró a las filas de Morena en 2018. Gómez le dijo a Bloomberg que había canales formales para colaborar con Estados Unidos, como las solicitudes del Departamento de Justicia o de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. Apuntó que la UIF no es una división de investigación responsable de las visitas de campo.

“Si alguien de la DEA nos dice ‘oye, hay un laboratorio en Iztapalapa que produce fentanilo’, has venido al lugar equivocado, tienes que hablar con otras autoridades”, explicó.

La Secretaría de Marina ha participado en las discusiones sobre el tráfico de productos químicos y prometió realizar inspecciones sorpresa en las empresas señaladas por la DEA, pero no está claro si ha emprendido medidas de ese tipo. La Marina decomisó 304 kilogramos de 4-P en el aeropuerto de la Ciudad de México en enero y más de 3 mil 100 kilos de otro precursor de fentanilo en el puerto de Manzanillo en febrero, según datos gubernamentales públicos.

Las perspectivas de ampliar la cooperación bilateral parecen sombrías. En febrero, un jurado estadounidense, a partir del testimonio de narcotraficantes convictos, condenó a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, por proteger al cártel de Sinaloa. García Luna había sido un símbolo de la cooperación entre Estados Unidos y México durante la sangrienta guerra del expresidente Felipe Calderón contra los cárteles.

La condena, que se basó en las investigaciones de la DEA, no animará a ningún funcionario mexicano a trabajar más estrechamente con Estados Unidos, señaló Guillermo Valdés, quien trabajó junto a García Luna como jefe del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) durante la Administración de Calderón y ahora es socio de la consultora GEA. Mientras tanto, las elecciones presidenciales en ambos países el próximo año solo pueden profundizar las posiciones nacionalistas tanto de AMLO como de los republicanos estadounidenses.

“Hay una profunda crisis de confianza entre las agencias de seguridad de ambos países que va a tardar mucho tiempo en repararse”, dijo Valdés.

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