Pasará a la historia de los dictadores
Los ocho ministros de la Suprema Corte resisten estoicamente los embates del absolutismo presidencial, ante la complacencia de las fuerzas policiales de Claudia Sheinbaum.
Cuando se transgrede el orden constitucional, se violenta la división de poderes, se ataca a los organismos autónomos e independientes que hacen contrapeso al Ejecutivo y se gobierna con el brazo represor de las Fuerzas Armadas, estamos hablando de un régimen autoritario que busca aniquilar la democracia.
Esta es la fotografía del gobierno de López Obrador, quien en un intento de instaurar una dictadura, ataca física y verbalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por mantener el respeto a la Constitución y este ha sido el “grave delito” de los ocho ministros que resisten estoicamente los embates del absolutismo presidencial, ante la complacencia de las fuerzas policiales de Claudia Sheinbaum.
La sede de la SCJN padece de asedios y violencia de manifestantes proclives a Morena, que cada vez son más groseros en sus reclamos y que ahora cuentan con la beligerancia de algunos pelafustanes pagados por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, para insultar a los trabajadores del recinto de justicia.
De todos los frentes del morenismo se sigue la “instrucción” de AMLO para agredir a los ministros, allí está el caso del senador de Morena, Alejandro Armenta, quien sin ningún prurito de decencia política, amenaza a la ministra presidenta, Norma Piña, porque esta se atrevió a decirle unas cuantas verdades.
Si los insultos desde el púlpito de las mañaneras incitan a la violencia contra los ministros y por lo tanto, se conforman una serie de delitos de orden penal, entonces de qué se queja Armenta, si el reclamo que le hicieron fue decente en comparación a los agravios que suelta todos los días el principal huésped de Palacio Nacional.
El dictador sigue soltando sus manotazos contra quien no se pliegue a sus caprichos, como ha sucedido con la expropiación de tres vías ferroviarias de Ferrosur, de la empresa Grupo México, a manos de efectivos de Marina, quienes irrumpieron para hacerse del control del complejo ferroviario, amparados en el decreto expropiatorio expedido por el presidente.
Para evitar que se queden inconclusas las obras faraónicas del actual régimen como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el Corredor Interoceánico y dar paso libre a Ferrocarriles de Tehuantepec, se decidió expropiar las vías ferroviarias de Grupo México y con ello, se emitió un severo mensaje contra los inversionistas nacionales y extranjeros, en el sentido de que se alejen porque en México corren el riesgo de perder sus inversiones.
De ese tamaño es la afrenta que hizo AMLO a los mexicanos que laboran en las empresas que son producto del esfuerzo de la iniciativa privada.
Dicen los empresarios agrupados en el Consejo Coordinador Empresarial, que preside Francisco Cervantes, que más allá de la controvertida legalidad del decreto expropiatorio, externan su profunda inquietud por los efectos negativos que este tipo de decisiones generan en la confianza de invertir en México y de generar empleos.
Reclaman que es necesario procurar condiciones de plena certeza jurídica para seguir fortaleciendo el interés por invertir en los grandes proyectos nacionales, detonantes del dinamismo.
El objetivo del presidente es muy claro a 16 meses de que termine su administración: establecer las bases políticas, económicas y sociales para mantener el poder, ya sea a través de interpósita persona o de él mismo y por ello, se lanza con furia para destrozar a la SCJN, que es uno de los últimos diques que le quedan por derribar, en su óptica para que prospere su avieso propósito.
Aunque olvida que el malestar que prevalece entre la sociedad activa es creciente y que está dispuesta a salir a las calles para defender a la democracia, al máximo tribunal y al orden constitucional y que lejos de amedrentarse por las amenazas que se lanzan contra ellos por parte de AMLO, se convierten en acicate para avivar su exasperación.
Desde Washington observan con preocupación la intención de instaurar una dictadura en México, manejada por los intereses del Foro de Sao Paulo, al tiempo de que refuerzan sus mecanismos de protección ante la amenaza que representa el narcoterrorismo mexicano para su seguridad interior.
Si cree López Obrador que puede manejar el país y pisotear los derechos humanos de los mexicanos, pues está en un error ya que por mucho que pretenda tener el control sobre las elecciones del 2024, cuando el pueblo se harta de sus gobernantes, tal como ocurrió en el 2000, cuando se terminó con la hegemonía del PRI luego de casi ocho décadas, no hay poder humano para impedir la alternancia política en el poder.