Concesión, o sin ella
Ante la ocupación de tres tramos de línea férrea de Ferrosur, propiedad de Germán Larrea, México necesita un régimen jurídico de respeto irrestricto a la propiedad privada, permisionario, no concesionario.
Las concesiones son estancos, monopolios, oligopolios, sancionados por la autoridad, entregados temporalmente a particulares con fines de extracción de rentas. Las rentas pueden definirse como flujos económicos, utilidades extranormales, que se generan cuando se hace artificialmente escaso un bien o servicio de manera que el consumidor pague más de lo que pagaría en un mercado en competencia. Una vez que esas rentas están fuera de los controles administrativos del sector público, generalmente se usan para financiar otros negocios o aventuras políticas.
En otras épocas de poder absoluto, como en las monarquías, los Estados entregaban a particulares la explotación de rentas muy variadas. Desde minas, monopolios de tabaco, azúcar y otros bienes, hasta la administración de ingresos públicos, como las aduanas. Un ejemplo de concesión son las patentes de corsario: un permiso para delinquir en contra de Estados rivales, sus ciudadanos y sus empresas.
El 19 de mayo, personal de la Marina-Armada de México ocupó las instalaciones de tres tramos de línea férrea concesionados a Ferrosur, propiedad de Germán Larrea, a la vez que se emitía un decreto de «ocupación temporal» de esas instalaciones, por razones de Seguridad Nacional.
No hay un decreto expropiatorio como tal. También, es cierto que las concesiones son un régimen de propiedad débil. La propiedad de los bienes concesionados siempre es del Estado, que puede retirar la concesión en el momento en que le dé la gana. Ciertamente, bajo los tratados internacionales firmados por México, revocar una concesión puede considerarse una expropiación concomitante, que obliga al Estado a indemnizar a los particulares afectados.
Si este movimiento hubiera sido una expropiación, la ley en la materia habría obligado a la autoridad a darle audiencia previa a los afectados. Cierto, Germán Larrea estuvo el día 18, según nos reportan diversos medios, en Palacio Nacional, y salió tranquilo. Eso revela que no le dijeron nada, o le dijeron exactamente qué iba a pasar, y cómo beneficiaría eso a él y a sus empresas.
Las concesiones se venden caras, y el «valor entendido» es que la dominancia del negocio concesionado seguirá mediante barreras a la participación de nuevos competidores. Por eso los bancos expropiados por López Portillo se reprivatizaron a inicios de los 90, a 4 y 5 veces el valor en libros, sin que nadie chistara respecto al precio, o nadie preguntara por qué no era posible inspeccionar la cartera. Por eso, Asur se ha opuesto durante años a la construcción de un aeropuerto en la Riviera Maya. Le vendieron un monopolio en Cancún a precio alto, y hay que sudarlo para amortizar esa inversión. Por eso los dos concesionarios férreos del país se han puesto de acuerdo durante décadas en no ponerse de acuerdo, de manera que las rentas de ese duopolio sigan fluyendo.
México necesita un régimen jurídico de respeto irrestricto a la propiedad privada, permisionario, no concesionario. Todos nuestros mercados deberían ser competibles. Las privatizaciones de activos en manos del Estado deben hacerse mediante mecanismos de subasta que cuiden el interés del Estado, pero también el interés del público, especialmente del público usuario de esos activos. Al entregarse esos activos, debe hacerse bajo un régimen de propiedad plena, pero sin ninguna garantía de mantener condiciones que impidan la competencia.
Cuando los negocios van bien, un empresario rentista siempre puede compartir sus rentas con la clase política que mantiene los candados para que no haya competencia. Cuando los negocios van mal, ese mismo empresario puede negociar con el Estado que le expropien, y de esa manera poner en ceros relojes de deuda, liquidaciones laborales, contratos colectivos onerosos, criminales fuera de control, y otros parásitos de la renta, que la hacen menguar.
Las rutas férreas del sur no son muy rentables. Su importancia es política porque ahí está la principal clientela electoral del partido en el poder.
Lo que estamos viendo en el sur es el típico enjuague entre rentistas, que cenaron tamal de chipilín con el presidente y que mañana lo visitarán por sus huevos motuleños. Es el contubernio público-privado para extraer rentas; es lo que detiene el desarrollo del país. Empezó en la Conquista, continuó en la Colonia y nos ha seguido durante las distintas etapas del México independiente. Es un poder que no se desmanteló durante la «larga noche neoliberal», aunque nos acostumbramos a que no se abusara de él. Bienvenidos al México de siempre. Hay que cambiarlo, y pronto.