Tres de tres

Se reformaron los artículos 38 y 102 constitucionales que suspenden derechos políticos por actos de violencia familiar, sexual, política, deudora alimentaria.

Al INE se le dio la facultad de emitir lineamientos en materia electoral en temas que no estuviesen resueltos en la legislación a fin de mejorar el proceso electoral. Las mujeres organizadas en diversos colectivos plantearon la problemática de que muchos de los hombres postulados por los partidos las habían agredido, o bien, no les entregaban la pensión alimentaria a sus hijos, y cuestionaron que los violentadores tuvieran acceso a cargos de poder.

El INE tomó el acuerdo INE/CG691/2020 en el cual se emitió un formato para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres por razón de género. Se solicitaba que los candidatos no estuviesen en tres supuestos: 1. No contar con antecedentes, investigación o procesamiento o sanción con resolución en firme por violencia contra la mujer en el ámbito público o privado; 2. No haber sido condenado o estar en investigación, o sentenciado con resolución en firme por delitos sexuales, 3. No estar inscrito como persona deudora alimentaria morosa, salvo que cancele en su totalidad la deuda ante las instancias correspondientes.

Hubo protestas y discusiones, pero finalmente se acató el lineamiento que se hizo extensivo a todo el país. Pasada la elección federal, las feministas, en sus entidades, impulsaron que los congresos locales aprobaran leyes conocidas como 3 de 3 para erradicar la violencia política contra las mujeres. Así, 10 congresos legislaron e incluso ampliaron la prohibición no solo a candidaturas, sino a cargos públicos. Esto motivó que, en el caso de Yucatán, varios hombres acudiesen a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para argumentar que se violaban sus derechos humanos al negarles el acceso al trabajo y a la vez exigirles cumplir con sentencias alimentarias a sus hijos, si no tenían ingresos. El caso fue llevado a la SCJN, que determinó que el congreso local tenía la razón.

Con la conformación paritaria de las cámaras del Congreso de la Unión se pensó en impulsar una reforma constitucional para que la 3 de 3 se aplicara en toda la república. Se redactó la iniciativa con legisladoras aliadas en la Cámara de Diputados y se cabildeó por grupos feministas la aprobación de dicha iniciativa, la cual se dictaminó favorablemente y pasó al pleno para su votación. El PT, que cuenta con políticos que no cumplen los principios de 3 de 3 y que evadieron el cumplimiento ante el INE, se opuso rotundamente. Algunos diputados de otros partidos también expresaron preocupaciones, pero la posición de la Dip. Aleida Alavés, junto con las diputadas de los distintos grupos legislativos, definió la votación a favor de la iniciativa.

Ya se había iniciado el cabildeo en el Senado, pero veían lejano que se aprobara en la Cámara de Diputados. Cuando llegó la minuta se turnó a comisiones unidas, presididas por Manuel Añorve y por Oscar Eduardo Ramírez, quienes la pasaron a discusión, ahí se recibió un escrito de la JUCOPO de la Cámara de diputados para que no se aprobara la minuta argumentado diversas razones. Este documento no fue consultado con los grupos parlamentarios, y desde luego las diputadas protestaron. Las comisiones hicieron caso omiso de la petición, el PAN, que se ha declarado en moratoria, comentó en la voz de Damián Zepeda que votarían a favor, y se aprobó. Pasó a primera lectura y la segunda se complicó porque hubo cambio de sede, Morena no lograba quorum, decidió dar voto a una suplente, cuya propietaria no pidió licencia y se encontraba representando al Senado en un foro internacional. Finalmente llegaron dos senadores y se votaron el resto de las reformas que incluían la 3 de 3, que sí había cumplido con el proceso reglamentario.

Se pasó a los congresos locales donde activistas y Mujeres en plural, las Constituyentes y otras más avisaron a las diputadas locales para lograr la reforma, que tiene una parte electoral, se aprobara y publicara antes del 30 de mayo. Así ocurrió. Mi sororidad a Yndira Sandoval que conjuntó esfuerzos de los grupos; a Patricia Olamendi, en lo jurídico y a Julieta Lujambio que participó ampliamente en el cabildeo.

Hoy las mujeres tenemos, a nivel constitucional, un arma de defensa contra los agresores de mujeres. No solo en lo político, sino en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Se reformaron los artículos 38 y 102 constitucionales que suspenden derechos políticos por actos de violencia, con sentencia en firme por diversos delitos, violencia familiar, sexual, violencia política, deudora alimentaria, atentados contra la vida y la integridad corporal, y se extiende al ejercicio de un cargo en el servicio público. Se establece que para ser nombrado en la Fiscalía General de la República se cumpla con la 3 de 3. El proceso de homologación en los estados y la armonización de leyes secundarias deberán hacerse en 180 días, pero el Congreso de la Unión no sesionará hasta septiembre. Los congresos estatales ya pueden homologar.

Esta lucha que lleva años gestándose fue posible con mujeres trabajando por las mujeres. Por eso es tan importante la perspectiva de género en el proceso legislativo, en el TEPJF y los tribunales estatales, en el INE, así como en los OPLE´s que deberán aplicar este precepto en la elección de 2024.

El Plan B, gracias a la SCJN, ya quedó suspendido y no se podrá legislar a partir de junio nuevas disposiciones electorales. Así que aun cuando la SCJN entre a discutir el contenido del Plan B, que incumplió el proceso legislativo, puede o no desecharlo, pero si analiza temas y alguno no viola principios constitucionales podría interpretarse su aplicación. Pero lo desechado ya se deberá legislar hasta nueva época. Por eso es tan importante mayorías y minorías en el Congreso de la Unión que se votará en 2024.

Se perfilan dos candidaturas para 2024, Movimiento Ciudadano ya quedó exhibido como comparsa de Morena. La de una oposición que debe lograr la mayor unidad posible con un solo candidato. El avance se complica porque el PAN ha cerrado la opción de la participación ciudadana y porque limita el número de candidaturas a dos por partido para competir, con requisitos absurdos como las firmas. Piensan que ellos pueden tener la candidatura presidencial y la de CDMX y que todos los opositores a Morena votarán por la opción opositora. Se olvida que la sociedad civil ya tiene un lugar en el escenario político, que los partidos la necesitan y no se va a activar mecánicamente; especialmente si Morena presenta candidaturas atractivas en la Presidencial, en CDMX y los estados. El margen va a ser cerrado y es una elección de Estado. Se requiere sumar no excluir. El tiempo corre y no se recupera. Necesitamos un método serio que evalúe candidaturas y partidos; hay varios, pero el del PAN no aplica para la ciudadanía. Las mujeres decidirán los resultados.