Marco Pérez: ¿Del Neo-Liberalismo al Neo-Populismo?

Escribía en una de mis notas anteriores, que en economía, “No hay lonches gratis” y absolutamente todo tiene un costo alternativo, toda vez que los recursos económicos son escasos, y por tener una cosa, dejamos de tener otra.

También comentaba que al igual que los padres y madres de familia buscan el bienestar de sus hijos, los gobernantes buscan proporcionar bienestar y satisfactores a la población, sin embargo, esto debe hacerse sujetándonos a la restricción presupuestal que todos tenemos, es decir, ajustándonos a nuestras posibilidades económicas, aprovechando al máximo nuestros recursos y haciendo un uso racional de nuestra capacidad de crédito.

Elevar a rango constitucional programas de apoyo social, como ya se hizo en el caso de la pensión a adultos mayores, y ahora se pretende ampliar a otros apoyos gubernamentales, es demagogia pura, ya que por el hecho de estar plasmados en la Constitución, esto NO garantiza su pago, ya que no genera ni pone disponibles los recursos económicos para sufragar el costo,

Sin embargo, estas acciones se llevan a cabo porque generan dividendos políticos, ya que generan en la población beneficiada un sentimiento de agradecimiento y de apoyo, porque en su ignorancia, verdaderamente creen que esto les garantiza el pago de estos beneficios, pero son engañados por los gobernantes, quienes incluso difunden opiniones en el sentido de que esto opera como un “blindaje” y que si un nuevo gobernante quisiera en el futuro eliminar estos beneficios, tendría primero que cambiar la Constitución, y como ya lo señalé, basta con que no se presupuesten recursos para estos programas, para que no se efectúe el pago.

El fundamento legal de lo anterior, se encuentra en el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el cual señala que no se podrá realizar erogación alguna que no esté contemplada en el Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que ni está “blindado” el apoyo, ni se incurre en delito ni en falta administrativa, si no se llegan a pagar.

Por otro lado, esa misma Ley contempla que toda propuesta de gasto, debe incluir la fuente de ingreso necesaria para sufragarlo, diferente al financiamiento, para que no genere un déficit que deba ser subsanado con deuda, pero parece que los señores legisladores desconocen esta disposición, (o la mayoría de Morena se impone) ya que nunca la hacen valer, y el déficit público sigue su ruta ascendente de manera descontrolada.

En el caso de la propuesta de reforma al sistema actual de pensiones, para que los trabajadores se jubilen con el último sueldo devengado, la iniciativa contempla financiarlo con un fondo “semilla” de pensiones para el bienestar, con recursos iniciales por unos $64 mil millones de pesos, cuya fuente está en un 75% asociada a los recursos que pueda proveer el Instituto para devolver al pueblo lo robado (Indep), y a menos de que inmediatamente empiecen a incautar lo robado en esta administración, ni de chiste el Indep tiene esa cantidad de dinero, ni aún contemplando que los créditos incobrables de la extinta financiera azucarera que tiene en su activo, se cobraran de inmediato, pero lo más relevante, es que el costo de esta medida se mide en puntos del PIB, no en cacahuates.

Propuestas como ésta, son totalmente clientelares e irresponsables desde el punto de vista financiero, ya que buscan ganchar al trabajador asalariado, en tiempos de elecciones, y si ya sabe el ejecutivo federal que NO tiene la mayoría calificada en el Congreso para modificar la Constitución, lo que busca es usar la negativa del Congreso como bandera política para estas elecciones.

Si ya con el explosivo gasto que se le aprobó para este año, el déficit financiero alcanzará el 5.4% del PIB, ésta sola propuesta de reforma lo aumentaría hasta en unos dos puntos más del PIB, lo que sin duda llevaría a la degradación crediticia.

Finalmente, el mayor déficit NO es argumento para pensar en una reforma impositiva, como ya se anda propagando por algunos especialistas, concretamente el director de estudios económicos de Banorte, en una charla el viernes pasado ante el Colegio de Economistas de N.L., donde señaló que ante la debilidad de los ingresos tributarios del Gobierno Federal, y el elevado déficit, se hace necesaria una reforma impositiva.

También, en una nota de la sección negocios de un diario de esta localidad, del pasado lunes, la editorialista señalaba que “la debilidad” de los ingresos del gobierno federal, provocó que el año pasado el déficit público alcanzara un nivel récord….cuando en primer lugar, el déficit récord lo explica el excesivo gasto, y en segundo lugar, los ingresos para nada están débiles, en particular los ingresos tributarios, los cuales crecieron el año pasado a una tasa real de 12.4% apuntalados por la recaudación del IEPS a las gasolinas.

De hecho en lo que va de la presente administración los ingresos tributarios como proporción del PIB, han aumentado en el equivalente a 1.6 puntos del PIB, por lo que ni empiecen a hablar de que se necesita una reforma impositiva para el próximo sexenio.

Lo que se ocupa, es reducir y eliminar el excesivo gasto clientelar y electorero, y ajustar el gasto restante a las disponibilidades de ingresos propios, por impopular que esto sea, y restringir el financiamiento exclusivamente a inversiones productivas, tal y como lo establece la Constitución.