Trump implora o reclama a la Corte Suprema
Las encuestas le siguen dando preferencia y no son pocos los analistas que lo aseguran, si Donald Trump aparece en las boletas de noviembre como candidato a la presidencia de Estados Unidos, volverá a ocupar la Casa Blanca, y que se prepare el mundo…
Con el inicio de este 2024, llegó su ruego a la Corte Suprema de Estados Unidos para que revoque lo acordado por dos de los estados de la Unión, Colorado y Maine, su castración electoral en las primarias republicanas que se celebrarán el 5 de marzo, bajo el amparo de la Sección 3 de la 14ta. Enmienda de la Constitución, que data de 1868, la cual prescribe no volver a ocupar el cargo público por haber incitado a la insurrección del 6 de enero de 2021, cuando su fanaticada asaltó el Capitolio de Washington para impedir la certificación de Joseph Biden como presidente electo.
No hay dudas de que Trump, suponiendo que él mismo no incurriera en rebelión, sí «ha dado consuelo» a esos enemigos de la ley magna estadounidense, y no ha dejado de propagar —sottovoce o con sordina— que le robaron las elecciones de 2020.
Ahora tiene que enfrentar la decisión del pasado 18 de diciembre de la Corte Suprema de Colorado y en el caso de Maine, de la secretaria de Estado, la demócrata Shenna Bellows, quien anunció la descalificación del exmandatario cuando casi finalizaba el año.
Y su gente no está de brazos cruzados, haciendo lo posible legalmente, y hasta lo imposible por ilegal y mafioso, para revertir los acuerdos estaduales. Así, el Partido Republicano en Colorado apeló la decisión de ese estado de borrarlo de la boleta de las primarias, y el propio Trump rogó a la máxima entidad judicial de Estados Unidos que revoque la sentencia en su contra.
La Corte Suprema de Estados Unidos tiene dos decisiones sobre el estrado que comprometen la situación del expresidente: la primera, si tiene inmunidad presidencial por los supuestos actos delictivos que cometió mientras ocupaba el cargo , y el segundo caso, el que ahora estamos analizando, si es elegible para aspirar al ejecutivo casablanquino.
Para entender la situación, que dos estados hayan reprobado a Trump, por ahora no afecta gravemente sus aspiraciones de erigirse amo y señor del imperio, pero sí constituye un obstáculo, pues en el sistema político estadounidense, de carácter federal, cada estado es responsable de organizar los comicios en su territorio.
Por tanto, en el supuesto de que sea el candidato republicano —o independiente—, de mantenerse las decisiones de Colorado y Maine tendría que descontar de antemano los nueve votos compromisarios de Colorado y los dos de Maine. Recordemos que al Presidente de Estados Unidos no se le elige por el voto popular directo, sino por un colegio electoral al que cada estado aporta un número de votos proporcional a su demografía ciudadana.
Sin embargo, hay otro problema pero más amenazante para Trump. Hay una treintena de acciones legales contra él para que sea inhabilitado, y una quincena de estados están ventilando iguales medidas que las decididas por Colorado y Maine, y entre ellos se encuentran el poderoso Nueva York, Oregón, Nevada y Virginia. Lo que le pondría el agua al cuello.
Las fuerzas políticas republicanas y demócratas se mueven en este tira y encoge, donde se dirimen cosas más serias para el sistema estadounidense, pues más allá de las líneas partidistas, y la ambición de rectorar desde Washington D.C., un segmento de la población está preocupado por la sobrevivencia de su «democracia» y de los llamados «valores» de la nación que se considera ungida por un supuesto poder divino.
De uno y otro lado, los contendientes políticos urgen a los nueves jueces de la Corte Suprema a que aborden, revisen y fallen sobre estos casos judiciales de elegibilidad antes de que la ciudadanía deposite su voto en las primarias. Y aquí entra a jugar otro elemento, el cual favorece al republicano, es un cuerpo de inmenso poder nada balanceado. Seis de los magistrados son considerados conservadores o ultras —y de ellos tres fueron designaciones propuestas por el mismísimo Trump—, y solo tres están en las filas liberales.
Puestas sobre la mesa de juego estas circunstancias, es obvio que Donald Trump tiene cierta ventaja. De ahí que su equipo de la defensa se mueva con prisa en busca de la exoneración. Aunque igual es el comportamiento de los acusadores, fundamentalmente los demandantes del organismo de control gubernamental Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington (CREW), cuyo presidente y director ejecutivo, Noah Bookbinder, consideró crucial la rapidez de la decisión judicial que ratifique los acuerdos de Colorado y Maine.
La puja es fuerte y en ella hay que develar también maniobras paralelas que mencioné y de claro viso mafioso.
Resulta que los funcionarios de los estados de Colorado y de Maine que han tomado las decisiones antitrumpistas están enfrentando coacciones, y esas amenazas ya están siendo investigadas por el FBI.
«Este comportamiento es inaceptable», dijo —de seguro con enojo— la secretaria de Estado de Maine, Shenna Bellows, cuyos medios de comunicación fueron desbordados por las provocaciones y la dirección de su casa publicada en las redes, lo que constituye un verdadero peligro si se tiene en cuenta el grado de violencia —tanto política como delictiva—, existente en la sociedad estadounidense. Consideró que las amenazas «están diseñadas para asustarme no solo a mí, sino también a otros para que guarden silencio, para enviar un mensaje».
Mientras su par de Colorado, Jena Griswold, fue categórica: «No me dejaré intimidar», y respondía a las 64 amenazas de muerte —dijo que eran más, pero dejó de contar—, recibidas luego de presentar la demanda de exclusión de Trump de las boletas comiciales. Estas fueron sus palabras reproducidas en un artículo en Common Dreams: «No me dejaré intimidar. La democracia y la paz triunfarán sobre la tiranía y la violencia».
Golpes y contragolpes verbales van y vienen. El portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung, anunció la objeción legal a la decisión de Maine y, como era de esperar, no fue nada corto en la riposta, cuando dijo que la Bellows «es una abogada de la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles), una izquierdista virulenta y una demócrata hiperpartidista que apoya a Biden y que ha decidido interferir en las elecciones presidenciales en nombre del corrupto Joe Biden».
Regresemos entonces a la Corte Suprema de Estados Unidos y su arbitraje de la situación con unas preguntas que hizo Bill Blum, un exjuez de derecho administrativo de California, en un artículo publicado en Common Dreams: «¿Es realmente la Corte Suprema de los Estados Unidos un tribunal en el sentido estricto del término? ¿O es un consejo político que cede a las ideologías de sus nueve miembros no electos?».
El escritor y periodista jurídico se responde a sí mismo la pregunta que considera primordial en este caso que, debiera ser juzgado sin miedo ni favoritismo, dice él. Remonta su respuesta a una historia de este siglo XXI cuando esa Corte Suprema falló en el año 2000 sobre el caso de empate técnico entre George W. Bush, el hijo, y Albert Gore, entregándole la Florida al republicano un escandaloso escamoteo electoral sobre el que podemos decir que aquellas sucias aguas trajeron estos lodos.
Dice Blum: «Al final, será la política y no la ley la que les llevará a rescatar a Trump de la etiqueta de insurreccionalista. La única forma efectiva de detener a Donald Trump y el movimiento neofascista que lidera es derrocarlo en noviembre próximo y construir un contramovimiento duradero de izquierda. Se trata de una tarea difícil para los partidarios de la democracia, y el tiempo se está acabando».