Presidente Bernardo Arévalo deroga acuerdo para seguridad de exfuncionarios
«La seguridad debe estar al servicio de los ciudadanos, no de unos pocos», expresó el actual jefe de Estado en sus redes sociales, introduciendo una de las primeras medidas administrativas anunciadas anteriormente
Ciudad de Guatemala, enero 19. — El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, revocó este viernes el acuerdo 320-2023 firmado por el expresidente Alejandro Giammattei, que garantiza la protección del país a un gran número de exfuncionarios.
«La seguridad debe estar al servicio de los ciudadanos, no de unos pocos», expresó el actual jefe de Estado en sus redes sociales, introduciendo una de las primeras medidas administrativas anunciadas anteriormente.
A través del oficial Diario de Centroamérica, el Ministerio de Gobernación dio a conocer el acuerdo 24-2004 firmado por Arévalo, quien asumió hace menos de una semana, informa Prensa Latina.
El documento precisa que el objetivo principal del Estado guatemalteco es proteger a la persona y a la familia, y el objetivo final es lograr el bien común.
«En este contexto, se establece que es deber inevitable del Estado garantizar la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo humano integral a los ciudadanos de la república», dijo.
Los calificó como deberes esenciales para lograr el bienestar colectivo, la seguridad, la paz y el respeto a los derechos humanos.
También señaló que el ministro de Gobernación, a través del Director General de la Policía Nacional Civil (PNC), debe proteger a las personas que fungieron como Ministro de Gobernación y Viceministros de esa cartera.
También incluyó al director general del sistema penitenciario, inteligencia civil, al director de dichas fuerzas y a los subdirectores responsables de operaciones, investigación criminal y análisis de inteligencia antinarcóticos de la PNC.
Lo anterior, destacó con la intención de proteger su vida e integridad contra riesgos o peligros derivados del cumplimiento de sus funciones, cuya protección puede extenderse también a su núcleo familiar.
Agregó que se otorgará a partir de la fecha en que el funcionario cese en el desempeño de sus funciones, por un período proporcionado y justificado por una necesidad demostrada con base en un análisis de riesgo realizado por la dirección general de PNC.
El Acuerdo 320-2023 preveía la prestación de seguridad durante el tiempo que dure su mandato, con excepción de los ex directores internos y exfuncionarios de este organismo, los exministros de todas las carteras y los secretarios del presidente.
El diputado del partido Movimiento Semilla, el parlamentario Samuel Pérez, consideró entonces como abuso el querer utilizar medios para asegurar a aquellas personas sin motivo alguno.
Otros congresistas y expertos jurídicos utilizaron las redes sociales para enfatizar la necesidad de cancelar el acuerdo firmado en los últimos días de la administración de Giammattei.
A partir del 18 de septiembre de 2020, el Gobierno de Guatemala reguló la seguridad de los funcionarios en retiro y de la PNC a través del Reglamento 445.