Los Veintisiete rechazan establecer un límite obligatorio de 30 días para el pago de facturas a empresas
Consideran que esta medida sería "demasiado restrictiva", a la vez que se limitaría la libertad de las empresas de fijar sus propias cláusulas contractuales. Según dicen, "en la práctica no funcionará" y podría ser "incluso perjudicial"
Los 27 países que conforman la Unión Europea (UE) mostraron su rechazo a limitar el pago de facturas a empresas, tanto para entidades públicas como privadas, en un plazo máximo obligatorio de 30 días. El motivo a la hora de tomar dicha decisión es que consideran que esta medida sería "demasiado restrictiva", a la vez que reclamaron flexibilidad para sectores y productos específicos.
Los ministros de Industria de los Veintisiete debatieron acerca de esta propuesta legislativa. Así, coincidieron en que era necesario actuar con el fin de detener la morosidad, un problema que afecta sobre todo a las pymes, aunque rechazaron hacer más estricto el límite vigente actualmente, que es de 30 días pero que se puede ampliar a 60 o más con bastante facilidad. De hecho, durante el encuentro, muchas delegaciones argumentaron que suprimir las excepciones sería "demasiado restrictivo", de modo que se limitaría la libertad de las empresas de fijar sus propias cláusulas contractuales. A esto añadieron, además, que "en la práctica no funcionará" y que podría ser "incluso perjudicial".
La inmensa mayoría de los Estados miembros se posicionaron en esa línea, siendo Polonia y Países Bajos los únicos que se mostraron partidarios de establecer este tope. En el caso concreto de Países Bajos, propuso al resto de socios una solución de compromiso consistente en fijar 30 días estrictos sólo en dos casos: los contratos de entidades públicas con cualquier empresa o los de grandes empresas con otras más pequeñas. El resto de empresas compartieron su preferencia, ya sea por mantener la redacción actual o por aplicar flexibilidades que tengan en cuenta la estructura económica de cada Estado miembro, los diferentes sectores (mencionándose la sanidad o la agricultura por muchos de ellos) o los productos de cada transacción.
En el caso de España, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, defendió ante sus colegas europeos que reducir a 30 días el plazo máximo de pago "en todas las operaciones comerciales indistintamente de las particularidades del sector de actividad o de la naturaleza del contrato puede tener efectos indeseados", aunque en algunos casos "excepcionales" y bajo "determinadas condiciones previstas" podría estar justificado ampliar el plazo. Asimismo, avisó que "establecer un plazo único podría dar problemas de gestión de liquidez al final de la cadena de valor, provocar aumentos de costes logísticos, reducir la oferta y el stock en el comercio minorista y tensiones de tesorería en empresas europeas exportadoras con clientes de terceros países con legislaciones más flexibles".
Por otra parte, el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, defendió que se tiene que mantener cierta flexibilidad en la normativa, pero también señaló que "hay que tener en cuenta la opinión de las pymes" y el análisis de Bruselas muestra que "el 81% piden un tope máximo de 30 días". Por ello, defendió que "tal vez sea muy ambicioso, pero es lo que piden las pymes".
La designación de "autoridades nacionales de ejecución" que se encarguen de supervisar el cumplimiento de las normas, mediar entre empresas e incluso imponer sanciones en casos de impago fue otro factor de la propuesta legislativa que rechazaron la gran mayoría de gobiernos. En cuanto a esto, los Estados miembros explicaron que esta competencia corresponde a los tribunales y no a organismos administrativos, de modo que su puesta en marcha "duplicaría" la resolución de litigios y aumentaría la carga administrativa para las empresas. En este punto, Hereu destacó que estas funciones podrían recaer en España sobre el Observatorio de la Morosidad , pero siempre debería trasladar sus conclusiones a un "órgano superior competente" y "no debería tener facultad de imponer sanciones o multas".
Por último, el debate se cerró con la intervención del ministro belga de Pequeña y Mediana Empresa, David Clarinval, quien afirmó que estas posturas "obligan a reflexionar más" sobre la propuesta legislativa, lo cual se hará por la presidencia de turno de la UE que ostenta su país durante las próximas "semanas y meses", antes de reiniciar el asunto en la reunión que se llevará a cabo el 24 de mayo.