Cuelgamuros: reclaman sancionar al fiscal que pidió una multa para la mujer que detuvo las exhumaciones
Abogados Cristianos denuncia que Campoy "se está arrogando competencias judiciales” y “hace esto en clave puramente ideológica”
La Fundación Española de Abogados Cristianos ha solicitado la apertura de un expediente de queja ante el fiscal general del Estado contra el fiscal del caso de las exhumaciones en Cuelgamuros, Manuel Campoy Miñarro.
Además, esta organización de juristas pide para el fiscal una multa de hasta 3.000 euros por reclamar que se sancione a Marina Benayas, que solicitó interrumpir las exhumaciones para garantizar la inviolabilidad de los restos de su abuela, una de las 133 mujeres enterradas en las criptas de Cuelgamuros.
En concreto, el fiscal en el quinto punto del informe emitido alegó que se consideraba procedente imponer a la recurrente una sanción procesal de 1.000 euros por "ausencia de buena fe procesal y abuso del derecho a la tutela judicial efectiva".
La fundación de abogados asegura que "es inaceptable que el fiscal solicite una sanción por discrepar con esta parte en torno a una cuestión jurídica. Para tal situación, si sucede, la ley prevé la condena en costas (art. 139.1 LJCA)".
"Campoy se está arrogando competencias judiciales. Para eso están las condenas en costas. Campoy hace esto en clave puramente ideológica, no podemos olvidar que ha sido vicepresidente de la Unión Progresista de Fiscales", asegura la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos.
Abogados Cristianos asegura en su escrito de queja que "es evidente que la solicitud del fiscal sólo busca amedrentar a una ciudadana en el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, lo cual provoca indefensión".
Y también que "la solicitud del fiscal, por tanto, aparte de presentar una clave ideológica clara, pretende arrogarse competencias exclusivamente judiciales".
Según Abogados Cristianos, es falsa la afirmación de que “la recurrente ocultó al juzgado que Patrimonio Nacional le había respondido a la reclamación formulada informándole de que las actuaciones de investigación y exhumación se estaban realizando en ejecución de resoluciones judiciales y administrativas, que evidenciaban la inexistencia de vía de hecho”.
Asegura la entidad que “presentó recurso contencioso-administrativo en fecha 10/10/2023 ante los juzgados de lo contencioso-administrativo de Madrid”, que “se declararon incompetentes para conocer de tal recurso”. Además, que se “volvió a presentar recurso en fecha 7/11/2023”. Alega, por lo tanto, que “la comunicación del gerente de Patrimonio Nacional a que hace referencia el el fiscal fue firmada en fecha 8/11/2023, esto es, casi un mes después de que esta parte presentase su primer recurso y un día después de que esta parte presentase su segundo recurso contencioso-administrativo".
En consecuencia, defiende que “esta parte no tenía conocimiento previo de la comunicación de Patrimonio Nacional” y “no ocultó nada al juzgado”, pero “con base en semejantes falsedades, el fiscal solicita una sanción para esta parte en cuantía de 1.000 euros”.
Por ello considera “evidente que la solicitud del fiscal solo busca amedrentar a una ciudadana en el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva”, lo que “provoca indefensión y vulnera asimismo el principio pro actione”, ya que “imponer una sanción a un particular con limitadas capacidades de litigación cuyo único propósito es el ejercicio de derechos fundamentales supone una desincentivación para la ciudadanía a la hora de acudir a la Administración de Justicia para defender sus derechos”.
Marina Benayas, representada por la ADVC, que litiga por detener las exhumaciones en marcha en el Valle desde junio de 2023, presentó una demanda en la Audiencia Nacional a través de Abogados Cristianos porque considera que estos trabajos vulneran el «derecho fundamental a la libertad religiosa». La organización de juristas solicitó al juzgado medidas cautelarísimas, ya que argumenta que «para hacer pruebas de ADN, están removiendo los cadáveres sin la autorización de sus familiares», como ya reclamó la ADVC el pasado septiembre.
El juzgado acordó inicialmente la paralización cautelarísima de esos trabajos a instancias de Abogados Cristianos, que ejerce la representación jurídica de la reclamante, aunque días después rectificó tras recibir las alegaciones de Patrimonio Nacional, que expuso que las exhumaciones se estaban llevando a cabo en un lugar distinto al sitio donde reposan los restos de la abuela de la mujer, fusilada en Madrid en 1936.