Sánchez dispara el déficit del Estado un 32% en un año, hasta rozar los 34.450 millones
Estado y comunidades autónomas acumularon un déficit de 35.981 millones de euros en los ocho primeros meses del año, lo que significa un incremento del 12,7% respecto al mismo periodo del pasado año, aunque el crecimiento de la economía ha propiciado que se sitúe en el 2,27% del PIB, por debajo del límite de las nuevas reglas fiscales. Así los constatan los datos de ejecución presupuestaria publicados por el Ministerio de Hacienda, que reconoce que este incremento del déficit público se produjo por el aumento del gasto por parte del Estado, impulsado como los "intereses de deuda, la subida de los salarios y el crecimiento de los consumos intermedios".
La totalidad del déficit público se concentró en la Administración Central, que elevó el déficit un 32% en el último año, hasta los 34.463 millones de euros, el 2,17% del PIB. El aumento del gasto y el impacto de la liquidación del sistema de financiación autonómica y local de 2022, que ha sido positiva para las administraciones territoriales, ha posibilitado que las cuentas regionales hayan logrado un superávit de 162 millones, frente al déficit del pasado año, tras la liquidación. Estas liquidaciones ascienden a 25.322 millones, frente al año pasado que fueron de 11.799 millones, menos de la mitad. Esto ha supuesto un aumento del déficit del Estado de 13.523 millones respecto al anterior ejercicio. La actualización de las entregas a cuenta de 2024 para las comunidades autónomas, con efecto retroactivo desde el 1 de enero, ha generado a Hacienda un impacto negativo en el déficit de 6.444 millones de euros.
Este resultado en las comunidades -que cerraron agosto con el ditado superávit de 162 millones, que equivale al 0,01% del PIB, frente al déficit del 0,13% alcanzado en el mismo periodo del año anterior- obedece a un aumento de los gastos del 6,7%, mientras que los ingresos se incrementan en un 8,1% respecto a agosto de 2023. Por ello, únicamente cuatro comunidades autónomas cerraron agosto con déficit: Comunidad Valenciana (0,87% del PIB), Murcia (0,76%), Castilla-La Mancha (0,47%) y Madrid (0,12%).
Por lo que respecta a los fondos de la Seguridad Social, se anotaron un superávit de 543 millones, un 78,4% inferior al de hace un año y equivalente al 0,03% del PIB, debido al aumento de los gastos, sobre todo en salarios y pensiones.
Todos estos factores afectaron tanto a los ingresos como a los gastos y, así, entre enero y septiembre el Estado ingresó 205.460 millones, un 5,1% más, gracias fundamentalmente a la recaudación tributaria -168.051 millones, un 4,6% más-. En el mes de septiembre la recaudación bajó un 7% precisamente por efecto de la liquidación.
Por el lado de los ingresos, la recaudación por IRPF en los nueve primeros meses del año bajó un 0,1%, hasta los 41.843 millones, mientras que la de IVA aumentó un 6,2%, hasta los 73.328 millones, y la del impuesto de Sociedades, un 8,6%, hasta los 23.602 millones. Los impuestos sobre la producción y las importaciones alcanzaron la cifra de 13.625 millones, mientras que los ingresos por impuestos sobre la Renta y Patrimonio se incrementaron en un 8,3%, hasta situarse en un total de 48.671 millones, de los cuales 38.155 millones corresponden a las entregas a cuenta realizadas por el Estado, con un incremento del 3%. Los ingresos percibidos por impuestos sobre el capital ascendieron a 2.067 millones de euros.
Por lo que respecta a los gastos, crecieron un 8,3%, hasta los 239.923 millones, debido principalmente a las mayores transferencias derivadas de la liquidación del sistema y al mayor gasto salarial tras el aumento de la remuneración de los empleados públicos, así como a los mayores costes por intereses de la deuda, que crecen un 14,4 %. En concreto, la remuneración de asalariados creció un 6,4%; los consumos intermedios aumentaron un 6,7%, hasta situarse en 27.309 millones; y las subvenciones se sitúan en 3.031 millones, con un avance del 4,6%. Por su parte, los intereses aumentaron un 22%, hasta 4.774 millones. Las transferencias sociales en especie se elevaron en un 5,3%, hasta los 24.185 millones. Por su parte, las prestaciones sociales distintas de las transferencias en especie ascendieron a 3.453 millones y la inversión alcanzó los 13.797 millones, un 8,4% superior.