Funcionarios judiciales rechazan supresión de 20 sedes que atienden casos de violencia doméstica
La AFJU manifestó su total rechazo al anuncio del Poder Judicial de suprimir 20 sedes judiciales en el interior del país, a partir del 1° de octubre.
El sindicato cuestionó que se realicen cambios que afectan la vida funcional de los trabajadores, sin consulta a los involucrados ni al gremio que los representa.
“No encontramos razones más que aquellas de índole económico, ya que no se tiene en cuenta si las sedes que permanecen están cerca de otros servicios públicos, si tiene lugar para albergar más funcionarios. No se toma en cuenta el acceso a las sedes que permanecerán, existencia y frecuencia de transporte, lo que afecta tanto a funcionarios como a más de 100.000 personas”, indicó el sindicato.
Los funcionarios judiciales expresaron su preocupación por la situación de aquellos trabajadores que deberán trasladarse, los magistrados que quedan sin destino, y la posibilidad de acceso de la población a la Justicia.
Resoluciones erráticas
“Durante todo este año de emergencia sanitaria, la SCJ ha tomado resoluciones erráticas, sin tomar en cuenta a los trabajadores ni a la población usuaria del servicio de Justicia. Resoluciones tomadas desde un escritorio, lejanas a la realidad de las oficinas y en este caso de las poblaciones que van a ser afectadas con el cierre de estas sedes”, expresó la AFJU.
En su comunicado manifiestan, asimismo, que “ahora se resuelve cerrar juzgados que se encuentran, unos en lo más profundo del Uruguay, otros con cantidad importante de habitantes y otros en los límites fronterizos de nuestro país. En este último caso, desprotegiendo a la nación de los peligros que este retiro de la autoridad civil conlleva”.
“Esta resolución burocrática no toma en cuenta la vinculación que se genera en las comunidades con los juzgados, donde la relación es de confianza y de garantías en situaciones extremas. No olvidemos que estos juzgados actúan en primera instancia en las situaciones de violencia doméstica y de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y en más de una ocasión se dirimen incluso conflictos de vecindad”, remarcó el sindicato.