Un médico forense bajo sumario por avalar certificados falsos para narco que se fugó
Foto con fines meramente ilustrativos
La historia comienza con la solicitud de prisión domiciliaria para el narcotraficante Juan Antonio González Bica, quien argumentaba una grave enfermedad renal. El dictamen del médico forense, avalando la solicitud, fue clave para que la jueza María Helena Mainard la concediera.
Sin embargo, la fuga de González Bica y la posterior investigación revelaron que la documentación médica era apócrifa. El falsificador Matías Campero, actualmente en prisión, había logrado infiltrarse en el sistema judicial y sustituir hojas de expedientes con información falsa.
Investigación en curso por los dictámenes apócrifos
La falsificación de documentos no solo afectó el caso de González Bica, sino que también permitió la excarcelación de otros dos narcotraficantes. El caso, conocido como «Operación César», puso de manifiesto las debilidades del sistema judicial uruguayo y generó un fuerte impacto en el Poder Judicial.
La Suprema Corte de Justicia, tras analizar el caso, determinó que no hubo irregularidades en la actuación de la jueza Mainard, ya que se basó en el informe del médico forense. Sin embargo, la Corte sí dispuso un sumario administrativo para el médico forense por su posible responsabilidad en la avalación de los certificados falsos.