Editorial: Súbita decisión de la Caja
Roberto Quirós Coronado llegó a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en enero para sustituir a uno de los cinco directivos suspendidos por el Consejo de Gobierno a finales del 2022. Un par de meses más tarde, la comisión integrada por él y otros dos directivos estaba lista para recomendar —y lograr— la anulación de la licitación valorada en ¢178.000 millones anuales para adjudicar la administración de 138 Ebáis en diez áreas de salud de la Gran Área Metropolitana (GAM).
El proceso de contratación llevaba 17 meses de haberse iniciado, luego de una serie de intentos de “institucionalizar” los Ebáis, es decir, eliminar a las cooperativas contratadas para administrarlos y asignar la tarea a la institución. El intento fracasó cuando estudios de la propia Caja señalaron su inconveniencia. Las cooperativas ofrecen el servicio a menor costo y satisfacen más a los usuarios.
A lo largo del debate, las cooperativas, encargadas de atender a unas 560.000 personas, operaron sumidas en la incertidumbre con obvias consecuencias para la planificación y la toma de decisiones. La precariedad no terminó cuando la Caja anunció la decisión de mantener la contratación de servicios, porque a partir de ese momento apenas comenzó el diseño del concurso. El 1.° de setiembre del 2022, la Contraloría General de la República (CGR) autorizó la ampliación de los contratos por 18 meses mientras se concretaba la adjudicación.
Cuando el cartel fue publicado, en octubre del 2021, contenía especificaciones irracionales y defectos que lo hicieron objeto de seis rondas de objeciones y aclaraciones en la Contraloría. Entre los 282 requisitos objetados está la atención de cinco pacientes por hora, y no cuatro, inversiones innecesarias en infraestructura y eliminación de servicios preventivos, como promotores de la salud, educadores físicos y enfermeros dedicados a la salud mental.
Las cooperativas también señalaron la posibilidad de abrir más Ebáis para atender la creciente demanda con horarios y servicios ampliados. No obstante, la licitación siguió adelante y todo estaba listo para la fase de recepción y evaluación de ofertas cuando la Directiva decidió anular el proceso y rediseñar el concurso.
La súbita decisión se tomó con base en un informe verbal, producto de conversaciones con los funcionarios a cargo de la licitación y los administradores de las diez áreas de salud afectadas. En los considerandos de la Junta Directiva no hay referencias a análisis técnicos, financieros o jurídicos. El oficio enviado a las gerencias para comunicarles la decisión se limita a señalar que “el cartel de licitación no reúne las condiciones adecuadas”, cosa que se supo desde el principio.
Cuando se le pidió detallar las razones de la decisión, Quirós señaló, de conformidad con las objeciones de las cooperativas, limitaciones de horario, imposiciones de personal administrativo y financiero innecesario, exigencias de adquirir costosos laboratorios y el traslado de “rigideces” a los prestadores de los servicios, además de la necesidad de ampliar el plazo de los contratos a diez años para darles mayor estabilidad.
Todos son objetivos deseables y la publicación del nuevo concurso, anunciado por la Caja para el 1.° de junio, confirmará la intención de alcanzarlos, pero el método seguido para dar marcha atrás a la licitación dice mucho de la Caja como institución, de sus procesos de planificación y toma de decisiones. Queda claro que la licitación estuvo a punto de celebrarse en condiciones lesivas para el interés de los asegurados, obligando a las cooperativas (y otros posibles oferentes del servicio) a asumir costos e ineficiencias de la institución.
También queda claro que la decisión de anular el proceso se tomó con premura, cuando la institución tuvo la oportunidad de examinarlo con tiempo y tomando en cuenta las objeciones planteadas y oportunamente señaladas. El 14 de agosto del 2022, por ejemplo, una noticia de este diario, titulada “CCSS desperdicia oportunidad de fortalecer atención para 600.000 asegurados”, citó el lamento de Walter Zúñiga, gerente de Coopesaín: “Esperábamos que este cartel se convirtiera en una oportunidad para mejorar la debilitada oferta de servicios. En su primera versión, nos quitaron la enfermera en salud mental, el educador físico, un médico que teníamos para reforzar urgencias, cuando es un servicio para el cual hemos planteado la necesidad de ampliar hasta las 10 p. m. Este tipo de cosas, lejos de reducir brechas, las amplía”.
La decisión de anular la licitación afecta una inversión de ¢712.000 millones destinados a los servicios médicos requeridos por más de medio millón de personas. Su súbita aprobación, producto de procedimientos tan informales, no satisface criterios mínimos de buena administración y pasa por alto el establecimiento de responsabilidades por los yerros detectados y la persistencia en cometerlos. Ojalá sirva, no obstante, para aprovechar mejor las ventajas ya constatadas de la tercerización.