Intimidación presidencial

Con su estilo confrontativo y chabacano, el presidente, Rodrigo Chaves, lanzó otra cruzada contra el Poder Judicial, esta vez, afirmó que los jueces negocian las penas con los imputados.

Chaves da a entender que un tribunal de juicio se sienta con el acusado y se pone de acuerdo en la sentencia que dictará. Para justificar su dicho, critica, por una parte, que existan dos extremos en los tipos penales que definen las penas mínima y máxima a que se debe condenar a un culpable y, por otra, el hecho de que una condena menor a tres años dictada a un delincuente primario permite la suspensión de esta y el no tener que cumplirla en un centro penitenciario.

El presidente había evidenciado que las matemáticas no son su fuerte, lo cual es público y notorio cada vez que efectúa operaciones aritméticas en sus conferencias de prensa, si yerra en este campo siendo su formación la de economista, es fácil entender sus desaciertos al hacer comentarios sobre derecho penal.

La razón por la cual las sanciones por delitos no tienen una cantidad de años exacta es porque al quebrantarse la ley se dan diferentes acciones que a los ojos de los juzgadores ameritan una sanción más leve o severa.

El presidente lo entenderá si se llega a la etapa de juicio por el fideicomiso y las donaciones en su campaña. Ahí, aunque el delito fuera el mismo para todos los actores, el tribunal, de darse el caso, valoraría atenuantes o agravantes que le permitirán moverse entre los extremos de la pena al establecer la de cada acusado.

Como puede inferirse, esta no es una negociación, sino un tecnicismo jurídico que busca una mejor administración de la justicia, especialmente en un ámbito como el derecho penal, en donde está en juego el segundo valor más importante de una persona: su libertad.

De igual manera, existe la figura de la ejecución condicional de la pena, porque, en primera instancia, el derecho penal procura la reincorporación del culpable a la vida en sociedad, una oportunidad para aquel que por ser la primera vez que comete un delito no tenga una sanción superior a los tres años. Para ello, los jueces valoran peligrosidad, posibilidad de reinserción y riesgo de reincidencia, entre otras razones, lo cual contribuye a que los juzgadores sean más acertados al establecer las penas.

Dicho lo anterior, resulta fuera de todo rigor académico lo afirmado por el presidente y su censura a los jueces. Ahora bien, analicémoslo desde la óptica política: no resulta conveniente que sea la más alta figura del Poder Ejecutivo quien arremeta, sin contenido y sin base teórica, contra funcionarios judiciales, dado que está violando el principio de división de poderes, pero además suscita dudas sobre el funcionamiento del sistema judicial, pilar fundamental de la democracia, de ahí que debilitar la administración de justicia es atentar contra la institucionalidad del país.

Es preocupante, asimismo, que no sea un hecho aislado, por el contrario, se suma a otros agravios proferidos por él mismo o algunos de su círculo en contra de otros poderes de la República. Cabe señalar que para la celebración de la apertura del año judicial no asistió ningún representante del Poder Ejecutivo, como represalia al no otorgamiento de permisos a algunos funcionarios judiciales que se desempeñan en el Ejecutivo. Esta es una apuesta equivocada, pero, más que eso, peligrosa, porque mermar la credibilidad institucional no ayuda a nadie y nos perjudica a todos.

Los medios de comunicación han informado que existen cuando menos dieciséis denuncias contra Rodrigo Chaves y miembros de su equipo. Si lo que el presidente pretende es restar credibilidad a los órganos judiciales para desvirtuar posibles acciones penales en su contra, o bien, de darse el caso, atribuirlas a actos de represalia por las “denuncias” que ha hecho del Poder Judicial, está claro que con eso no logrará su cometido porque, a fin de cuentas, la credibilidad del sistema judicial supera con creces la de toda figura política.

Existe similitud entre las actuaciones de este gobierno y lo ocurrido en otros países, muy bien estudiados por Moisés Naím en su obra La revancha de los poderosos. Todavía estamos a tiempo de evitar que sucedan en Costa Rica.

El autor es excandidato a la presidencia y empresario.