Una alianza estratégica que el país no puede darse el lujo de perder
Los buenos resultados de Cinde a lo largo de estas décadas descartan todo argumento que justifique la ruptura del convenio.
Para entender qué es la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde) resulta fundamental remontarse a la coyuntura histórica en la que nació, en 1982, cuando Luis Alberto Monge llegó al poder y nombró presidente del Banco Central y rector del equipo económico a Carlos Manuel Castillo. La situación era gravísima, más que la crisis de hoy.
Pusieron en marcha la atracción de inversiones extranjeras mediante un incentivo a las exportaciones y la disminución de impuestos. Fue así como se fundó Cinde.
Ampliaron el régimen de zonas francas, crearon el certificado de abono tributario, el Banco Central capitalizó a los bancos estatales para ofrecer bajo interés, lo que incentivó principalmente la actividad agroexportadora, la agricultura de riego en conjunto con Senara para fortalecer la producción agrícola y la reconversión productiva y exportar, además de café y banano, naranjas, piña, cardamomo y flores. En cítricos, llegamos a ser el quinto país del mundo en producción en esos primeros años.
Por medio de una directriz se concedió crédito blando para levantar la producción de alimentos de la canasta básica, en cumplimiento de la promesa de campaña de Monge de “volver a la tierra”.
El equipo de trabajo negoció con la Iniciativa de la Cuenca del Caribe para el ingreso de nuestras exportaciones al primer mundo y se firmaron tratados bilaterales y multilaterales de comercio que concedían mejores condiciones a las exportaciones hacia los Estados Unidos y atraían inversión extranjera directa de ese país.
En lugar de perseguir o gravar —como hace la clase política actual—, promovieron los servicios mediante incentivos tributarios a la industria de alta tecnología y turismo. Incluso crearon un ministerio de exportaciones, que es el Comex, y se fortalecieron entidades como Procomer.
Solidarismo y cooperativismo
Convencidos del crecimiento que tendrían, diseñaron una estrategia de distribución de la riqueza sin regalar las cosas, a partir del fortalecimiento de la productividad de las organizaciones populares, para lo cual firmaron la ley de asociaciones solidaristas.
De esa forma, los trabajadores tuvieron acceso al capital de las empresas, y al fortalecer las mutuales impulsaron el desarrollo de la economía social solidaria, como lo son la Caja de Ande, Jupema o la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio.
Después de la promulgación de la ley de asociaciones cooperativas llegaron al punto de nombrar un ministro de cooperativismo.
Sin ser propiamente una entidad estatal, desde aquel momento, Cinde se convirtió en una poderosa herramienta dentro de los objetivos de la política de atracción de empresas e inversiones, y durante los últimos treinta años ha sido una socia estratégica por cuyos frutos es conocida.
No cabe duda de que el balance costo-beneficio de su labor es favorable para el país. Solo para ilustrarlo con un ejemplo, la acción de Cinde fue de vital importancia en la llegada de Intel al país.
Los buenos resultados de la entidad a lo largo de estas décadas descartan todo argumento que justifique la ruptura del convenio, pues tirios y troyanos reconocen sus méritos, traducidos en múltiples premios internacionales y reconocimientos.
Por segundo año consecutivo fue galardonada como la mejor agencia de promoción de inversiones de Latinoamérica y el Caribe, en la escala elaborada por Site Selection, revista especializada y mundialmente famosa como herramienta informativa de la expansión internacional de las grandes empresas del mundo.
No por casualidad el Centro Internacional de Comercio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció a Cinde el año pasado como la mejor promotora de inversiones del mundo.
Relación costo-beneficio
Aunque la justificación que el gobierno dio para romper el convenio con la entidad es la carencia de recursos para mantener la subvención del Estado, la realidad es que viola el principio gerencial básico de costo-beneficio, que se resume en el hecho de que nunca se rompe una alianza que otorga más beneficios que los costos que acarrea.
Resulta suicida negar la relevancia de la inversión extranjera en el desarrollo, que es a lo que fundamentalmente se dedica Cinde. Tan solo el año pasado, tal inversión le generó al país más de 20.000 empleos y 40 nuevas empresas instaladas en nuestro territorio.
No es de extrañar que el sector empresarial y político, verdaderamente serio, se sienta en shock debido a esta decisión. Una decisión que de momento no tiene lógica. Como Cinde es una organización no política, parece una vendetta más del gobierno.
El autor es abogado constitucionalista.
