Jefe del PUSC sobre proyecto de Uber y Didi: ‘Si hay que hacer cambios, los vamos a hacer’
Alejandro Pacheco reaccionó luego de que el ministro Luis Amador pidió a los diputados no hacer cambios al proyecto.
Alejandro Pacheco, jefe del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), advirtió de que los diputados harán los cambios que sean necesarios al proyecto de ley presentado por el Gobierno para regular las plataformas tecnológicas de transporte, como Uber y Didi.
Así reaccionó el vocero socialcristiano a los comentarios que hizo el ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, el miércoles, cuando llegó a la Asamblea a entregar la iniciativa de ley.
Amador aseguró que “si uno mete un pato al horno, quisiera que salga un pato”, pero alegó que eso no siempre sucede en el Congreso y solicitó a los congresistas que no le hicieran modificaciones a la iniciativa.
El jefe del PUSC dijo que ellos, como legisladores, no le dicen al ministro Amador cómo hacer las carreteras. “No es labor mía, porque no soy ingeniero. Nosotros vamos a revisar el proyecto y lo vamos a estudiar y, si hay que hacerle cambios, lo haremos, porque por técnica legislativa tenemos que ver cómo viene ese proyecto”, apuntó.
La iniciativa presentada por el Gobierno establece que los choferes tendrían que pagar seguro social como trabajadores independientes, seguro de responsabilidad civil para terceros y el impuesto sobre la renta, por ejemplo.
También, tendrían que rotular sus vehículos y llevar el vehículo a revisión técnica una vez al año. Adicicionalmente, tendrían que pagar un permiso de operación ante el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), por ¢50.000 durante el primer año de vigencia de la ley.
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El texto también exige que los conductores estén al día con el pago de las multas de tránsito y no haber cometido faltas temerarias, así como presentar una hoja de delincuencia sin antecedentes penales en delitos sexuales, tráfico y distribución de drogas, conducción temeraria, asociación ilícita y delitos contra la vida.
El vehículo destinado debe tener una antigüedad máxima de 15 años, con una capacidad máxima de ocho personas y estar al día con el pago del derecho de circulación.
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Según el Gobierno, este proyecto fue negociado tanto con taxitas como con representantes de las plataformas.