Protagonistas del secuestro de la Corte revelan hechos inéditos 30 años después

Este es el relato de uno de los rehenes y un negociador, quienes cuentan sus experiencias tras el secuestro de 19 magistrados y cinco funcionarios judiciales que se extendió tres días en abril de 1993.

30 años han transcurrido desde que un comando armado entró a la sala de sesiones de la Corte Suprema de Justicia y tomó como rehenes a 19 magistrados y cinco administrativos. Durante cuatro días, los hermanos Fallas Elizondo y tres cómplices más mantuvieron al país en vilo. Amenazaron con asesinar jueces a cambio de una millonaria cifra de dinero.

El negociador del proceso, Gerardo Castaing y el exmagistrado Ricardo Zeledón Zeledón, uno de los rehenes, rememoran algunos hechos inéditos de aquella experiencia que conmocionó al país entre el 26 y el 29 de abril de 1993, cuando cinco sujetos irrumpieron armados y con los rostros cubiertos a la sala de sesiones que estaba en el segundo piso de la Corte Suprema de Justicia en San José. Este es un relato de lo que ellos recuerdan.

Los delincuentes ingresaron al edificio a la hora de almuerzo, a bordo de un vehículo del mismo Poder Judicial, pues Gilberto Fallas Elizondo, uno de los perpetradores, laboraba como auxiliar de cárceles de la Policía Judicial y entró con sus cómplices ocultos en un vehículo oficial de cajón cerrado que dejaron en el sótano. Luego subieron al tercer piso a esperar que empezara la sesión de Corte Plena, para bajar por las gradas al salón del segundo piso, donde ataron a las 24 personas, entre ellas dos mujeres.

Apagaron las luces, dijeron que había explosivos en la sala, colocaron a algunos magistrados como escudo en las entradas y fue hasta horas después que permitieron a los rehenes moverse de donde estaban tirados en el piso a estar sentados, recostados en las paredes, pero atados, explicó Ricardo Zeledón, exmagistrado y rehén.

Dos de los delincuentes también trabajaban en asuntos relacionados con seguridad, pues Juan Guillermo Fallas Elizondo, hermano de Gilberto, era guardaespaldas y Sergio Elizondo, tío de los dos primeros, era guarda privado en Pérez Zeledón. Los otros cómplices fueron Jaime Zeledón Fernández, pintor y vecino de los hermanos Fallas en Tres Ríos de La Unión, así como José Antonio Bertrand Carranza, vecino de Tibás, quien en ese entonces era estudiante y tenía 25 años.

Don Ricardo Zeledón, hoy de 73 años, reconoce que al momento del ingreso pensaron que era un simulacro, pero todo cambió cuando los hombres, con un fingido acento colombiano, se identificaron como el Comando de la Muerte y los amordazaron.

Sorpresa al desenmascararlos

Gerardo Castaing tenía 43 años cuando lo llamó el entonces director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Rafael Angel Guillén, para que se hiciera cargo de negociar con los perpetradores.

En ese entonces era encargado de la delegación del OIJ de La Unión y era el director del caso del Psicópata, un asesino en serie que operaba entre Curridabat, La Unión y Desamparados, al que se le atribuyen 19 homicidios impunes ocurridos entre 1986 y 1996.

La tarde del 26 de abril, Castaing atendió el llamado y se instaló en el OIJ. Poco después llamaron de nuevo los captores, los se hacían pasar por colombianos y el negociador comenzó a tratar con ellos.

Horas después, la investigación reveló que los cabecillas del comando eran los hermanos Fallas, quienes habían obtenido el armamento luego de engañar al armero de la Guardia Rural de La Unión, al presentarle una orden e indicarle que ocupaban llevarse el arsenal para ajustes rutinarios y limpieza, con devolución en una semana.

Todo lo habían planeado desde tiempo atrás, con el fin de obtener los $20 millones que exigían a cambio de los rehenes. Una parte se usaría para atender la enfermedad del hígado que padecía Guillermo.

El grupo trató de emular lo que había ocurrido un año antes cuando un comando de nicaragüenses tomó la embajada de ese país en San José y luego huyeron hacia República Dominicana, al obtener $250.000 por la liberación de los rehenes, entre ellos el embajador Alfonso Robelo.

“En la primer llamada el sujeto me dijo que si no le comunicaba al licenciado Guillén, iba a pasar lo mismo que en Colombia (en 1985 el M-19 tomó el Palacio de Justicia y hubo más de 100 muertos). Yo en ese momento no dimensioné la situación”, dijo Castaing.

Para él, más que un secuestro, lo ocurrido fue una toma de rehenes. Dice que los momentos iniciales fueron vitales para la negociación. Estaba en eso cuando llegó el fiscal general José María Tijerino y le dijo que el gobierno había formado un comité de crisis y que el asunto se iba a manejar desde el Ministerio de Seguridad, por lo que la sala de crisis se trasladó a ese sitio en barrio Córdoba.

En una de las llamadas telefónicas Castaing llamó a Gilberto por su nombre. Al verse reconocido, cortó de inmediato. En ese momento el resto de los captores fueron alertados de que ya se les había identificado y que ya se sabía que no eran colombianos.

Poco después llamaron de nuevo y dijeron: “Castaing, aquí estamos montados en la mula, en medio río y no nos vamos a bajar”, a lo que el negociador les dijo que mantuvieran la calma, que todo iba a salir bien. Los Fallas eran muy allegados al negociador y eso generó un clima de confianza que ayudó a que la operación transcurriese sin un solo disparo.

“Gilberto y Guillermo tenían todas las capacidades necesarias para actuar en forma violenta. Ellos tenían el carácter, el entrenamiento y las armas. El asunto se pudo haber complicado. Yo siento firmemente que a ellos les transmitió mucha confianza el hecho de que fuéramos amigos y aceptaron todo lo que policialmente propuso la comisión de crisis”, sostuvo.

En medio del estira y encoge, donde ellos pedían primero un radio y un televisor, luego comida y de manera constante el dinero exigido, el presidente Rafael Angel Calderón Fournier oficializó la posición de que no iba a entregar ningún botín, porque Costa Rica no podía alentar esos actos y convertirse en oasis de secuestros.

Fue ahí donde los Fallas exigieron conversar con el ministro de Seguridad, Luis Fishman, e incluso amenazaron con la muerte de un rehén si no les respondía a sus exigencias de dinero antes de las 6 a. m.

El tiempo y las conversaciones transcurrieron, e incluso dejaron salir a dos magistrados (Alfonso Chaves y Eduardo Sancho) para que ayudaran en los acuerdos, debido a que eran allegados al ministro Fishman y al presidente Calderón Fournier.

Esa vez, el gobierno pidió ayuda a Colombia, pero no fructificó, pues el país no tenía la cantidad de helicópteros y equipos que los expertos de aquella nación pedían para intervenir el caso. Estados Unidos también ayudó y fue así como surgió la idea de introducir al salón un pequeño micrófono oculto en una de las cajas de cartón donde iba la comida, de esa forma el equipo negociador del gobierno pudo escuchar lo que ocurría en el salón de la Corte.

El jueves 29 de abril, el coronel Alfonso Ayub, miembro del equipo de crisis, entregó a los captores un adelanto del dinero que aportaron familiares de algunos rehenes. De inmediato, se les puso a disposición una buseta para llevarlos a Base Dos del aeropuerto Juan Santamaría. Se les dijo que el gobierno de Guatemala los iba a recibir, pero deberían dejar todas las armas que portaban antes de abordar el avión.

Al aceptar ese acuerdo se logró su captura, pues cuando el último perpetrador entregó sus armas al coronel Marino Donato y corrió de la buseta al avión que los trasladaría, aparecieron los oficiales de la Unidad Especial de Intervención y la Policía Especial de Apoyo, que estaban ocultos en otras aeronaves cercanas. En medio de la fuerte lluvia que caía y luego de un disparo al aire, para amedrentar, capturaron a los secuestradores que ya estaban desarmados.

Mientras tanto, en la Corte, los magistrados y magistradas, así como el secretario de la Corte y las otras cuatro personas retenidas, ya estaban reuniéndose con familiares que en medio de llantos y abrazos emotivos, llegaron por ellos para trasladarlos a sus casas.

Al transcurrir tres décadas de esos hechos, Castaing dice que pese a la gravedad de lo ocurrido, el país no captó la importancia de invertir en materia de Seguridad A su juicio eso ha llevado a que estructuras criminales están asentadas en el territorio y a que la cantidad de homicidios alcance índices nunca vistos. “Se perdió la perspectiva de que la seguridad es sumamente importante para la estabilidad del país”, puntualizó.

Los cinco sujetos fueron sentenciados en febrero de 1994 por secuestro extorsivo y portación de armas prohibidas, dejaron la cárcel al cumplir la media pena. Los últimos en salir fueron los hermanos Guillermo y Gilberto Fallas Elizondo, el 9 de agosto del 2000, cuando se les concedió el beneficio de firmar cada 15 días.

De ellos, Guillermo Fallas Elizondo, alias Charlie, murió el 21 de agosto del 2002, por un mal hepático. Tenía dos años de haber dejado la prisión. Los otros cuatro lograron rehacer su vida.

Según la sentencia N°. 18-A-94, en primera instancia se condenó a los hermanos Fallas a 15 años por el secuestro contra los magistrados y la seguridad común, así como a ocho años de cárcel por el uso de armas prohibidas, pero luego hubo una apelación y esta segunda pena se redujo a dos años. A los otros tres les dictaron diez años por el secuestro y cuatro por el uso de armas, pero a ellos también se les redujo a dos años el segundo delito.

En el 2001 hubo una reforma al Código Penal (Ley Nº 8127) para aumentar hasta 20 años las penas contra quienes ejecuten un secuestro es violento o si dura más de tres días, como en este caso. También se establecieron penas de seis a diez años de cárcel a quienes formen grupos de dos o más personas para cometer un secuestro extorsivo o actos de terrorismo. Sube a 25 años de cárcel cuando hay lesiones y hasta 50 años si la persona secuestrada muere.