Unión Europea refuerza su marco fiscal de criptomonedas
Las nuevas obligaciones entrarán a regir en 2026, y obligará a todos los proveedores de servicios de criptoactivos a informar sobre las transacciones de sus clientes residentes en la Unión Europea
Los ministros de Economía de la Unión Europea (UE) aprobaron el martes nuevas normas de transparencia fiscal para las empresas que participan en transacciones de criptoactivos, un paso más en la lucha contra el fraude facilitado por estas monedas digitales.
Las nuevas obligaciones “mejorarán la capacidad de los Estados miembros para detectar y combatir el fraude, la evasión y la elusión fiscales”, según declaró la Comisión Europea, que redactó el texto.
Dichas reformas entrarán en vigor el 1 de enero de 2026, previo dictamen consultivo del Parlamento Europeo.
La directiva obligará a todos los proveedores de servicios de criptoactivos con sede en la UE, independientemente de su tamaño, a informar sobre las transacciones de sus clientes residentes en la UE.
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El ámbito de aplicación también incluirá obligaciones de información para las entidades financieras en relación con el dinero electrónico y las monedas digitales de los bancos centrales, así como el intercambio automático de información sobre acuerdos fiscales anticipados, mecanismos utilizados por las personas adineradas para reducir su tributación aprovechando normativas acomodaticias en el extranjero.
Las nuevas normas aprobadas este martes complementan el Reglamento sobre Mercados de Criptoactivos (MiCA) y el Reglamento sobre Transferencias de Fondos (TFR) aprobados el 20 de abril por el Parlamento Europeo.
Estos dos reglamentos también fueron adoptados definitivamente el martes por los ministros de Finanzas de los 27 Estados miembros de la UE reunidos en Bruselas, completando así su proceso legislativo.
Buscan facilitar la lucha contra actividades ilegales como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, así como proteger mejor a los consumidores.
Los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) tendrán que registrarse y facilitar datos de identidad exactos si desean operar en la UE.
Las reformas también obligarán a transmitir determinada información sobre los clientes y las transacciones a la entidad financiera receptora de las operaciones.
