Reinstalación con ocasión de riesgo de trabajo
Este proceso especial brinda una protección más expedita y certera para el trabajador.
El Código de Trabajo regula diversos procesos para discutir lo relativo a las relaciones obrero-patronales tales como el proceso ordinario, por riesgos de trabajo, fuero especial de protección, infracción a las leyes laborales, entre otros; sin embargo, encontramos uno con características muy particulares que es el denominado: Procedimiento para la restitución de trabajadores que sufrieron riesgos de trabajo y reinstalación de origen legal, que encuentra su regulación más importante en los artículos 554 y siguientes del citado Código, así como en el 254, con ocasión de riesgos de trabajo, como lo analizaremos a continuación.
Este proceso especial brinda la opción al trabajador que ha sido despedido estando incapacitado por un riesgo de trabajo, de ser restituido en su puesto; reubicado, en caso de así haberse recomendado, o bien, recibir el pago de las prestaciones laborales. Debe considerarse que dentro de los presupuestos legales para que el trabajador pueda acudir a una instancia judicial por medio de este proceso especial se encuentra: la existencia de una enfermedad o lesión originada con ocasión de su trabajo y que no se le haya otorgado incapacidad total permanente.
Dentro de los aspectos particulares que dispone el Código de Trabajo y que no pueden perderse de vista, se encuentra el plazo reducido de prescripción para interponer el correspondiente reclamo judicial, ya que, a diferencia de la regla general de un año, en estos casos se dispone el plazo máximo de dos meses desde que se otorga el alta médica por el ente asegurador. Lo anterior es así, porque se pretende una protección célere y efectiva, es decir, si el trabajador inicia un proceso de esta clase posterior al plazo indicado el resultado será infructuoso por encontrarse prescrito su derecho.
Además, existen otras reglas que aplican para este tipo de procesos en particular, que pretenden brindarle mayor celeridad y asegurarle al usuario el derecho constitucional de acceso a justicia pronta y cumplida; por ejemplo, el plazo para que el patrono pueda presentar su oposición es de únicamente ocho días, ya que mediante resolución, la persona juzgadora ordenará al empleador realizar la pretensión solicitada según el dictamen médico, pero si existe oposición por la parte patronal, continuará con el dictado de sentencia en los siguientes tres días o realizará la audiencia de juicio, en un lapso de treinta días, en caso de que exista prueba por recabar.
En caso de no existir oposición, no se dictará una sentencia, sino que adquirirá firmeza lo ordenado en la resolución inicial, según se hubiese dispuesto, es decir, reinstalación, reubicación o pago de prestaciones y podrá ejecutarse de forma inmediata por la parte trabajadora. De allí la importancia para el patrono de realizar en plazo la respectiva oposición, si así lo dictarán los hechos.
En conclusión, este proceso especial brinda una protección más expedita y certera para el trabajador; sin embargo, para generar seguridad jurídica al patrono y evitar abusos, se estableció un plazo prescriptivo más breve. Sin duda, este es un proceso con reglas muy diferentes, que no puede ser tomado con ligereza ni por el trabajador ni la por la parte patronal.