Plan para ampliar vía San José-San Ramón cumple un año varado tras anuncio de MOPT para romper con Fideicomiso Ruta 1
Gobierno y Banco de Costa Rica deben llegar a acuerdo para finiquitar contrato, pero, aún no ocurre. Dirigente de Alianza por Occidente advierte que no les han demostrado que Fideicomiso no es viable. Diputado cuestiona pago de salarios pese a obras detenidas
La ampliación de la congestionada carretera entre San José y San Ramón cumple un año varada luego de que el mandatario Rodrigo Chaves y su ministro de Obras Públicas, Luis Amador Jiménez, anunciaran la intención de romper el contrato con el Fideicomiso Ruta 1, encargado de desarrollar la obra de 55 km que se comenzó a idear en 1994, hace 29 años.
“Ya se perdió este año”, lamentó Asdrúbal Morera, representante de Alianza por Occidente, una organización que integra a los anteriores foros vecinales de Palmares y San Ramón, los cuales han dado han presionado por la reconstrucción de la vía.
Morera dice estar convencido de que el plan del Gobierno tendrá consecuencias: más demoras y sobrecostos.
“Queríamos conversar con el Gobierno para que nos expusieran las razones, porque hasta ahora no nos han demostrado técnicamente que el Fideicomiso Ruta 1 no es viable. Nos tienen en nebulosas. No nos han dicho a partir de qué fecha se va abrir un cartel para determinar qué empresa va a construir. Simplemente, nos tienen varados con todo y ya se perdió este año.
“El mismo ministro dijo que el cambio del fideicomiso a otra figura se iba a llevar de dos a tres años. Entonces quiere decir que ya vamos a perder cuatro años más”, se quejó el dirigente.
El diputado del Partido Liberal Progresista, Diego Vargas, declaró que el Gobierno ha sido poco claro en los plazos y costos de la etapa que viene.
Insistió que el proyecto lleva un año perdido y una vez que se concrete el finiquito volvería a quedar “huérfano” mientras se consolida un nuevo administrador.
Criticó, además, el hecho de que se sigan pagando dos unidades ejecutoras –una en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y otra y en el Banco de Costa Rica– que no están realizando ninguna tarea relacionada con el avance de las llamadas obras impostergables o anteproyectos del plan integral.
Solo en el caso de la unidad asesora del BCR, el pago por los honorarios de las personas que la integran es de $147.438 mensuales.
Un miércoles de hace un año
El miércoles 29 de junio del 2022, en la conferencia posterior al Consejo de Gobierno, Chaves y Amador anunciaron por primera vez la intención de romper el contrato con el Fideicomiso Ruta 1, del Banco de Costa Rica, y encargar la obra a una empresa.
Adujeron que en manos del Fideicomiso Ruta 1, el proyecto resultaría muy costoso y que, luego de cinco años frente al plan, el avance había sido poco.
Tras ese primer anuncio, hecho a siete semanas de haber asumido el mandato (el 8 de mayo), las versiones sobre el rompimiento con el Banco de Costa Rica variaron.
Luego se dijo que era nada más “un jalonazo de riendas”, hasta que en enero de este año, finalmente, se oficializó. Sin embargo, no se detallaron los plazos en los que se ejecutaría cada una de las fases de la obra. Solo se advirtió que la intención es completar el finiquito en diciembre del 2024.
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Para llegar a ese cierre, el MOPT y el BCR debían firmar una adenda contractual, en la que se fijarían las condiciones de ese proceso y el fin del acuerdo de forma anticipada.
Esa adenda debe, además, ser refrendada por la Contraloría General de la República. Sin embargo, seis meses después de ese segundo anuncio no se ha firmado el documento que corresponde al primer paso dentro de esa gestión de cambio de timón.
Documentos en proceso
El Banco de Costa Rica indicó, en una respuesta enviada este viernes a La Nación, que el acuerdo de terminación anticipada contiene varios anexos que aún no han sido presentados por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), por lo que no cuentan con la documentación para la toma de decisiones.
“Hasta no contar con el documento integral planteado y sus anexos, el fiduciario podrá plantear sus recomendaciones a los Fideicomitentes. Una vez nos completen toda la información, procederemos a revisarla para acordar con las autoridades del Conavi los ajustes que consideremos pertinentes”, dice la la respuesta enviada por su oficina de comunicación.
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El ministro Luis Amador, también en respuesta a este diario, aseguró que el “finiquito está del lado del Banco de Costa Rica”. Sostuvo que los anexos los remitieron este mismo viernes a autoridades del BCR, por lo que esperan que se dé la firma “de manera inminente”.
Vienen ajustes en el proyecto
A finales de marzo, Amador anunció una cooperación no reembolsable por $1 millón, del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para contratar una reingeniería del proyecto sobre los estudios de factibilidad que ya había entregado el Fideicomiso Ruta 1 a finales del 2020.
De acuerdo con Amador, dicho proceso está “a punto de adjudicarse” y lo que busca es que se ajusten los diseños entregados por el Fideicomiso, a fin de que la obra sea lo “más económica posible” y que no se traslade a los usuarios en peajes más caros.
No obstante, mientras eso ocurre, las llamadas obras impostergables de las cuales solo se llegó a completar el primer lote, siguen detenidas.
El MOPT anunció que los siguientes lotes de obras serían ejecutados por el mismo ministerio y el Conavi, aunque no hay fechas previstas para cada una de ellas, ni detalles sobre su financiamiento.
Incluso, en enero el consejo de administración del Conavi aprobó un acuerdo para limitar el contrato ya adjudicado para las obras del lote 2-A (que incluye el intercambio de Circunvalación con la autopista General Cañas, en el sector del Monumento al Agua, y del puente sobre el río Torres) a únicamente la fase de diseño y trasladar la construcción al proyecto integral del corredor vial, lo que significaría al menos tres años más de atraso.
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Hasta ahora solo se completó la construcción de cinco obras del llamado lote 1, dentro de las cuales se incluían la ampliación de los puentes sobre los ríos Ciruelas, Alajuela y Segundo, así como el conector Barreal – Castella y el paso a desnivel Firestone, las cuales se completaron a mediados del año pasado.
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Asdrúbal Morera criticó la paralización de las obras impostergables, que hasta ahora se venían ejecutando como etapas previas al proyecto integral.
“Lo que nos preocupa es que los peajes se siguen cobrando y ese dinero era, precisamente, para las Obis. Entonces qué va a pasar con esa plata”, advirtió.
Ante los cuestionamientos del diputado Diego Vargas a que se sigan pagando honorarios a quienes están en las unidades ejecutoras, el BCR respondió que dicho personal trabaja en la “administración y control de los contratos que se mantienen vigentes; así como en la administración, control y registro de las transacciones que se realizan con cargo a los fondos del Fideicomiso”.
Añadió que luego de las comunicaciones del Ejecutivo sobre el acuerdo de finiquito anticipado, también se han dedicado a preparar informes técnicos para el cierre y traspaso del patrimonio del Fideicomiso.
La Nación consultó al encargado de la unidad ejecutora del Conavi, sobre las acciones que desarrolla esa oficina mientras las obras siguen detenidas, pero no se tuvo respuesta.
Tampoco se indicó cuál es el avance de los anteproyectos que según el MOPT serán ahora asumidos por la Administración, ni si ya se cuenta con los recursos para llevar adelante dichas obras.
La intención del MOPT es que el proyecto integral, cuyo costo estiman en $500 millones se financie con un crédito que gestionará ante el BCIE una vez que cuente con los resultados de los nuevos estudios y que según Amador sería cubierto por los mismos peajes.
Los estudios de factibilidad entregados el año pasado por el Fideicomiso Ruta Uno, indicaban que para financiar el proyecto de 55 km los usuarios de la carretera deberían desembolsar en peajes alrededor de ¢5.000 ida y vuelta.