Fiscalía allana Tribunal Electoral antes de segunda vuelta en Guatemala
La situación genera incertidumbre y preocupación en el país mientras se acerca la fecha decisiva para elegir a un presidente entre Sandra Torres y Bernardo Arévalo
Ciudad de Guatemala. A un mes del balotaje presidencial, la Fiscalía de Guatemala realizó este jueves un sorpresivo allanamiento en las oficinas del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para llevarse documentos.
“Simple y sencillamente un allanamiento y secuestro del expediente laboral de Eleonora Castillo, subdirectora del Registro de Ciudadanos (padrón electoral)”, dijo a esta agencia Alexander Velásquez, secretario general del TSE.
Guatemala vive en vilo tras sucesivos fallos judiciales y acciones de la Fiscalía que ponen en jaque al sistema democrático y la segunda vuelta electoral del 20 de agosto entre los candidatos socialdemócratas Sandra Torres y Bernardo Arévalo.
Velásquez afirmó que los fiscales no explicaron la razón del allanamiento, pues “solamente muestran la orden y realizan la diligencia”.
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), indicó en un comunicado que el registro en la Dirección de Recursos Humanos del TSE fue ordenado “para secuestrar documentación”.
Además, afirmó que el juez Fredy Orellana giró una orden de aprehensión en contra de Castillo por obstrucción de justicia, en virtud de que se ha negado a cumplir con la orden del juez para suspender al partido político Semilla, de Arévalo.
Castillo, quien goza de inmunidad, según el TSE, funge como jefa interina del padrón electoral por las vacaciones de su titular, Ramiro Muñoz.
Hace una semana, la Fiscalía había allanado las oficinas del Registro de Ciudadanos para poner bajo custodia la documentación de Semilla.
Diversos recursos judiciales presentados por partidos de derecha que perdieron en la primera ronda presidencial del 25 de junio, y la controversia por la inhabilitación de Semilla (anulada un día después), han afectado la campaña hacia el balotaje. Además, se ha emitido una orden de arresto contra una aliada de Arévalo
La suspensión de Semilla fue solicitada por el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, quien señala irregularidades en la inscripción de afiliados del partido creado en 2017.
En el allanamiento participó la fiscal Cinthia Monterroso, quien en el pasado ha perseguido a periodistas críticos del gobierno actual y exfiscales que combatieron la impunidad.
El miércoles tanto Orellana como Monterroso fueron incluidos por Estados Unidos en la llamada lista Engel de centroamericanos involucrados en “actos corruptos y antidemocráticos”, a quienes les prohíbe ingresar a esa nación.
Anteriormente, Curruchiche y la fiscal general, Consuelo Porras, fueron incluidos en el mismo listado.
Rechazo enérgico
El abuso de los recursos judiciales para obstaculizar la segunda vuelta electoral ha provocado preocupación de la comunidad internacional y cientos de guatemaltecos han protestado frente a la sede de la Fiscalía para exigir la renuncia de Porras y Curruchiche.
La misión de observación electoral de la Unión Europea condenó este jueves “enérgicamente el acoso y hostigamiento” al tribunal electoral y Semilla por parte de la FECI.
Además, consideró que las órdenes de captura y allanamientos en la sede del TSE son acciones impropias de un estado democrático y de derecho, ya que parecen tener la intención de socavar la voluntad popular expresada en las elecciones del 25 de junio.
Ante ese panorama, recuerda que el TSE es “la máxima autoridad judicial, cuya independencia y no supeditación a organismo alguno del Estado está consagrado en la ley”.
El miércoles, el jefe de la misión electoral de la OEA, el excanciller paraguayo Eladio Loizaga, expresó ante el Consejo Permanente del organismo que “el abuso de los instrumentos legales por parte de actores insatisfechos con los resultados introdujo un alto grado de incertidumbre en el proceso electoral y puso en riesgo la estabilidad democrática del país”.
“Somos ciudadanos guatemaltecos que estamos presenciando actualmente un intento de golpe judicial”, comentó el abogado Víctor Castro, quien participó en una protesta durante el allanamiento.
“Nos produce repugnancia la forma en la que están torciendo la ley”, agregó el hombre de 40 años.