Empresarios respaldan a Sugef por negarse a entregar información de deudores al BCCR
Uccaep calificó como ‘preocupante’ e ‘incomprensible’ la denuncia penal planteada por el Banco Central en contra de la superintendente general de entidades financieras, Rocío Aguilar Montoya
La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) externó su preocupación por el requerimiento de datos crediticios efectuado por el Banco Central a la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), por considerarlo contrario a la Constitución Política y violar la intimidad de la información.
La agrupación empresarial, a su vez, respaldó la posición de la Superintendencia, de no entregar la información solicitada debido a que la consideró confidencial, por tratarse de datos de las operaciones de crédito, incluyendo el número de identificación de cada persona.
De acuerdo con la Uccaep, la solicitud por parte de la autoridad monetaria de acceder a “datos integrales de todas las operaciones de crédito” va en contra del artículo 24 de la Constitución Política, que salvaguarda el derecho a la intimidad, la libertad y el secreto de las comunicaciones
“La información solicitada es contraria a la Ley y no se observa la existencia de una justificación o criterios técnicos para contar con dicha información de forma detallada y centralizada. Además, preocupa profundamente el almacenamiento, procesamiento y potencial uso que se pudiera estar considerando para esta información sensible”, expresó la Uccaep, en un comunicado de prensa.
El pronunciamiento del sector empresarial surge luego de que Rocío Aguilar Montoya, superintendenta general de entidades financieras, informara haber sido denunciada penalmente por la gerente del Banco Central, Hazel Valverde, el pasado 21 de abril, bajo la acusación de desobediencia a la autoridad.
El sector empresarial considera “preocupante” e “incomprensible” la denuncia penal presentada contra Aguilar, ya que afirman que la solicitud del Banco Central sobrepasa los límites establecidos en el artículo 14 de la Ley del Banco Central de Costa Rica y la Constitución Política.
El sector empresarial respaldó la posición de la Sugef basándose en los argumentos legales proporcionados por la asesoría jurídica de dicha entidad, la cual sostiene que “la solicitud contradice los artículos 132 y 133 de la Ley N°7558, que establecen la confidencialidad de la información, los documentos y las operaciones de las entidades supervisadas”.
Según la Uccaep, el nivel de detalle solicitado por el Banco Central en su requerimiento expone de manera abierta el perfil crediticio de individuos y empresas, lo cual consideran información delicada. Además, cuestionan el propósito y el uso real que el BCCR pretende darle a los datos de identificación y al perfil crediticio de las personas.
La Nación solicitó una reacción al Banco Central, este jueves, luego de que la Sugef diera a conocer la denuncia interpuesta contra la jerarca Rocío Aguilar. El departamento de prensa del emisor respondió que, debido a que la acusación se encuentra en sede judicial, no se referirán al tema en este momento.
En un comunicado emitido el propio jueves por la noche, la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) también respaldó la postura de la entidad supervisora.
La ABC, que representa a 12 bancos, añadió que, a pesar de reconocer la necesidad del Banco Central de obtener información para generar estadísticas económicas, este debería utilizar datos agregados y anónimos, respetando la privacidad e intimidad de las personas.
