Alumnos del Liceo de Tierra Blanca se distribuyen en nueve sitios para recibir lecciones
476 estudiantes y 49 funcionarios del Liceo de Tierra Blanca, en Cartago, deben trasladarse de un lugar a otro para recibir y dar lecciones porque no tienen un inmueble propio.
Actualmente, el Liceo se distribuye en nueve anexos o lugares que se encuentran alrededor de la comunidad. Seis son alquilados por el Ministerio de Educación Pública (MEP) y tres se encuentran en préstamo por la Asociación de Desarrollo y la Asociacion de Horticultores del Irazú (Ashori).
Este colegio era uno de los 103 centros que iban a verse beneficiados con el fideicomiso educativo por $167,5 millones que se aprobó en el 2013. Sin embargo, ese dinero no alcanzó para construir 47 centros, incluido el de Tierra Blanca.
La directora del Liceo, Sandra Figueroa, admite que funcionar en estas condiciones es complicado.
“Los desplazamientos a los lugares que son lejanos son de gran preocupación por la inseguridad vial y el desgaste físico. Es muy incómodo y, por supuesto, no se aprovecha igual el tiempo en lecciones efectivas. Consideramos que para toda la comunidad educativa no es justa esta desigualdad con instituciones que tienen hasta más instalaciones de la cuenta y aquí, durante tantos años, no se ha contado ni con el mínimo”, fustigó Figueroa.
Actualmente, este centro tiene el terreno para construir su edificio y el anteproyecto. Para eso fue lo que alcanzó el dinero del fideicomiso; la construcción quedó pendiente.
“El MEP, por años, nos comunica que están en un proceso de búsqueda de presupuesto. Actualmente, se tenía el proyecto de aulas móviles, que fue denegado por padres de familia, estudiantes, personal docente y administrativo, y fuerzas vivas, ya que se considera que, después de tantos años, no es posible que no se entreguen las instalaciones definitivas. No se puede seguir alargando el proyecto”, insistió.
Datos del MEP revelan que hay 1.004 órdenes sanitarias para centros educativos, 78 con órdenes de cierre, desalojo o demolición y 126 en riesgo inminente.
La Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) reconoce el rezago pero afirma no tener capacidad financiera ni de ejecucución.